La Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, que dirige Jesús Romero, ha sacado a información pública el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Bartolomé.

El departamento autonómico somete a información pública y a trámite de consulta  administrativa el documento de avance del Plan General del municipio, gobernado por PSOE y CC,  y su correspondiente informe de sostenibilidad ambiental, por un plazo de 45 días.

El director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Jesús Romero, ha destacado “el intenso trabajo que el Ejecutivo canario realiza de cara a agilizar la tramitación del planeamiento municipal en el Archipiélago, a través de la elaboración de los planes generales de ordenación supletorios”.

Romero señala que esta tramitación le permite al Gobierno “colaborar de forma más estrecha con los ayuntamientos en la planificación territorial, a fin de dar mayor seguridad jurídica al desarrollo de todas sus actividades sociales y económicas”.

El Ayuntamiento presidido por Dolores Corujo firmó el pasado mes de noviembre un convenio con el Gobierno de Canarias, mediante el cual la Consejería regional de Política Territorial “asume el compromiso de proceder a la adaptación del planeamiento general vigente en el municipio de San Bartolomé”.

Aunque el nuevo planeamiento se tramitará como un plan general supletorio, con menos requisitos que una revisión integral del Plan, desde la Consejería de Política Territorial se especifica que no habrá “limitación de contenido” a la hora de abordar la ordenación del municipio.

Por su parte, el Ayuntamiento “se compromete a aportar a la Consejería cuanta información y documentación tramitada o elaborada ostente que fuera precisa para culminar la redacción del citado Plan General”.

En cuanto al trámite de consulta al que se someten los documentos, el departamento autonómico ha acordado solicitar informe a los ministerios de Fomento, Defensa, Medio Ambiente, e Industria, Energía y Turismo del Gobierno central.

También se ha pedido informes a las consejerías de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial; Educación, Universidades y Sostenibilidad; Empleo, Industria y Comercio; Sanidad; así como la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

Además del Cabildo de Lanzarote y el Consejo Insular de Aguas de la misma Isla, también se solicitará informe a los ayuntamientos de San Bartolomé, Tías, Tinajo, Teguise y Arrecife; así como a las entidades Ben Magec - Ecologistas en Acción y Adena.