El grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote confirmó este viernes que se personará “en la nueva causa abierta contra el letrado Ignacio Calatayud y el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés”, tras la decisión del juez de formar una pieza separada a partir del procedimiento relativo a la incautación de la desaladora de Montaña Roja, en el que Podemos ya se encuentra personado como acusación particular.

El auto del juez acordando la separación de la pieza señala que las actuaciones del letrado Ignacio Calatayud en relación a su contratación por el Consejo Insular de Aguas podrían implicar "una omisión de las mínimas exigencias procedimentales que determina, principalmente, la elusión de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto".

“Dicha resolución”, según Podemos, “viene motivada por las declaraciones en sede judicial del gerente de Canal Gestión, Gerardo Díaz, al afirmar que Ignacio Calatayud cobraba al mismo tiempo del Consorcio Insular de Aguas y de Canal Gestión Lanzarote y que pagó al letrado 116.000 euros en dos años por realizar labores de asesoramiento al Consorcio en relación a la Comisión de Seguimiento y Control de Canal Gestión”.

“Hasta en tres ocasiones se ha dirigido el grupo Podemos en el Cabildo al presidente del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, solicitando información sobre los pagos efectuados a cuenta de esta Comisión de Seguimiento, la primera ocasión en octubre del pasado año, sin que hasta el momento se haya obtenido respuesta alguna”, asegura la organización política.

“En reiteradas ocasiones”, señala Podemos, sus consejeros en el Cabildo han tenido que solicitar los pagos a este letrado realizados tanto por el Cabildo como por el Consejo Insular de Aguas, el Consorcio del Agua, Inalsa, la EPEL y la SPEL, así como a otros organismos dependientes del Cabildo, como el Instituto de Atención Social o el Consorcio de Emergencias.

“Algunas de esas facturas fueron aportadas a requerimiento judicial por el Cabildo Insular de Lanzarote en el procedimiento de incautación de la desaladora de Montaña Roja y han dado lugar a la apertura de esta nueva pieza separada”, asegura Podemos.

Desde Podemos consideran que “existen suficientes elementos de juicio como para llevar a cabo una investigación criminal sobre los cobros percibidos por Calatayud desde diferentes organismos públicos”.