La Audiencia Nacional ha impuesto penas que globalmente suman 93 años de cárcel y algo más de diez millones de euros en multas a 13 personas acusadas de formar una banda que traficaba a escala internacional con drogas, y que contaban para ello con una flota de veleros asentada en Canarias.

También se les considera responsables de los delitos de falsificación de documentos y cohecho, se inhabilita a un guardia civil durante nueve años y se absuelve a otro de los acusados.

En el fallo se recoge que en una de las operaciones se pretendía traficar con 500 kilos de cocaína en los depósitos de combustible de diversos veleros, algunos de ellos situados en las islas, y a impregnar las velas de las embarcaciones.

Las investigaciones determinan que un detenido era uno de los mayores narcotraficantes que operaban en el Levante español y se averiguó que se desplazó a Lanzarote y por ello se pidió colaboración policial de la isla para realizar labores de vigilancia.

Así, se constata que nada más llegar se dirigió al puerto deportivo de La Marina, desde donde otro de los acusados dirigía un velero con bandera de los Países Bajos para cargar la mercancía en un punto del océano pero, debido a un fallo mecánico, tuvo que volver al recinto portuario.

En su momento se instalaron dos dispositivos de seguimiento en el velero que fueron localizados por los miembros de la banda, por lo que el acusado confesó su preocupación a uno de los policías infiltrados y procedió a deshacerse de ellos para despistar a los investigadores.

Los miembros de la banda utilizaban una clínica de estética situada en Madrid para gestar “grandes operaciones” de narcotráfico, según informaciones recibidas desde Estados Unidos en las que se reflejaba que el director de este establecimiento y otra persona más estaban preparando una importación de cocaína.

En su momento se logró incautar unos 600 kilos de esta sustancia en unos contenedores cuando estaban en el puerto griego de Tesalónica, tras lo que se procedió a la detención de 19 personas en Bulgaria, Colombia, Países Bajos y España.

De forma paralela surgió otra organización que se dedicaba al tráfico de cocaína desde Sudamérica, además de hachís, con la que colaboraban y entre los que estaban vigilantes privados, lo que les permitía moverse con libertad durante las restricciones del coronavirus.

En las intervenciones en los domicilios se localizaron más de medio millón de euros y cerca de 900 kilos de cocaína y sustancias adulterantes.

De esta manera la Audiencia reafirma una sentencia anterior también suya contra un recurso presentado por los condenados, que ahora podrán acudir al Tribunal Supremo.