La Asociación insular de hoteles y apartamentos de Lanzarote (Asolan) ha encontrado el apoyo de patronales turísticas de otras Islas en su reivindicación de que el Plan Hidrológico autorice plantas desaladoras privadas para autoconsumo, vinculadas principalmente a establecimientos alojativos.

Tanto el Cabildo de Lanzarote como el Gobierno de Canarias han rechazado efectuar cambios en la normativa, que establece la exclusividad en la desalación de agua a favor del Consorcio (Cabildo y ayuntamientos) y, en última instancia, de la concesionaria del servicio de abastecimiento, Canal Gestión.

En la actualidad hay al menos medio centenar de desaladoras privadas en Lanzarote. El presidente Pedro San Ginés ha destacado que en el nuevo Plan Hidrológico se establecerá un periodo de transición para que esas plantas privadas de autoconsumo dejen de funcionar y los hoteles se enganchen a la red insular.

Tras el respaldo del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, al planteamiento del Cabildo, Asolan ha recabado el apoyo de la patronal turística de Fuerteventura, Asofuer, de la patronal de la provincia de Las Palmas, Feht, y de la patronal de la provincia de Santa Cruz, Ashotel.

Así, este lunes las patronales turísticas de Canarias piden “evitar agravios comparativos entre islas en la aplicación de la ley de aguas” y abogan por “el cumplimiento de la legislación vigente en materia de aguas para todo el archipiélago”.

En este sentido, consideran que el Gobierno de Canarias, “responsable último de vigilar y controlar la puesta en vigor de normativas insulares,  ha de fiscalizar y velar para que éstas no contravengan el actual régimen regulatorio regional, así como normativa estatal y comunitaria, procurando evitar agravios comparativos entre los distintos territorios”.

Regulación "ilegal"

De manera especial, desde Ashotel, Feht y Asofuer se hacen alusión a la regulación del autoconsumo, calificando “como injusta, así como ilegal, la aplicación de medidas restrictivas que en islas como Lanzarote, altamente dependiente del agua desalada, limiten la potestad de las plantas desaladoras a un único organismo”, como se establece en la normativa hidrológica aprobada por el Gobierno en noviembre, que reitera lo ya establecido desde el Plan Insular de 1991.

“La decisión representa  una importante desventaja para el sector turístico al limitar el derecho a producir el agua de consumo propio”, aseguran las patronales hoteleras. Por ello, insisten en que “este tipo de medidas suponen un perjuicio directo debido a la elevada inversión realizada y una pérdida efectiva de competitividad frente a otros destinos turísticos con costes muchos más bajos que en Canarias, restricción que afectará sin lugar a dudas al empleo”.