La diputada de Nueva Canarias (NC) Natalia Santana se ha retractado este viernes y ha pedido disculpas públicas a la Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote (Adislan) por no haber contrastado previamente unas acusaciones de mala praxis trasladadas en el Parlamento.

Durante una comisión parlamentaria, Santana ha reconocido que su actuación pudo generar “angustia o miedo” entre las familias y ha admitido que quizá debieron “actuar de otra manera”, como por ejemplo concertando previamente un encuentro con la entidad antes de trasladar las denuncias a la Cámara.

“No existió voluntad de agravio”, ha dicho Santana, que ha insistido en que su intervención respondía a inquietudes trasladadas por trabajadores de la entidad, pero que, tras visitar el centro y escuchar a la dirección y a las familias, han reconsiderado la forma en que abordaron el asunto.

Por su parte, la directora gerente de Adislan, Mónica Hernández, que intervino primero, ha rechazado “rotundamente” las afirmaciones sobre supuestas condiciones de insalubridad o riesgo para la salud en sus centros, que ha calificado de “falsas” y carentes de rigor, y ha defendido la trayectoria de la entidad, con más de 50 años de actividad.

Hernández ha afirmado que la organización trabaja bajo criterios de transparencia y está sometida a controles continuos por parte de la administración pública, y ha advertido de que este tipo de acusaciones ponen en cuestión la labor de sus profesionales y generan desconfianza entre las familias de los usuarios.

Asimismo, ha negado la existencia de represalias laborales a trabajadores que ejercen labores sindicales o vulneraciones de derechos fundamentales y ha reclamado una rectificación pública para restituir la imagen de la entidad.

La comparecencia se produce semanas después de que la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, acusara a NC de utilizar el Parlamento para “desprestigiar” a Adislan, en referencia a una intervención en la que se denunciaron deficiencias en centros gestionados por la entidad.

En aquella ocasión, Delgado precisó que las imágenes difundidas correspondían a un hogar funcional y no a la residencia principal, y admitió la existencia de un “episodio puntual de chinches” ocurrido hace un año, que, según indicó, fue resuelto tras activar los protocolos correspondientes.

La consejera defendió entonces que las inspecciones realizadas han constatado que el servicio se ajusta a la normativa, con aspectos puntuales en proceso de subsanación, y que no constan quejas formales de usuarios o familiares sobre el funcionamiento de la residencia cuestionada.