Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) en el Cabildo Insular de Lanzarote lamenta que el grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) hayan rechazado su plan de 8 medidas en materia de vivienda que serviría, según los canaristas, para frenar la crisis habitacional que sufre la isla.

La consejera de NC-bc, Daisy Villalba, encargada de defender la propuesta en el pleno celebrado este jueves, ha reconocido su asombro por las explicaciones expuestas por el consejero de vivienda, Miguel Ángel Jiménez (CC), al aludir que rechazaban la propuesta porque “ya estaban trabajando en prácticamente todas las medidas”. Cuestión que para Villalba “no impide su aprobación, sino que en todo caso ratificaría su compromiso por las mismas”.

No obstante, para Daisy Villalba, la realidad del rechazo de los partidos conservadores de CC y PP a las medidas propuestas estriba en que “no quieren hacerse cargo de la problemática de la vivienda en Lanzarote, prefiriendo echar balones fuera al Gobierno de Canarias y a España para no tener que rendir cuentas ante la ciudadanía. Una tremenda irresponsabilidad y falta de valentía política, puesto que Cabildo tiene competencias para participar en paliar esta emergencia habitacional de forma más rápida que las fórmulas del gobierno autonómico y central”.

“La exposición de motivos del consejero de CC no refleja a un grupo de gobierno que esté informado de medidas de políticas públicas y planes para hacer frente a la crisis habitacional, sino más bien reflejaba ignorancia ante las propuestas y falta de información”, señala Villalba, que considera “inaudito que un grupo de Gobierno de una isla de más 150.000 habitantes no esté diseñando planes, estrategias y proyectos para gestionar el principal problema que tiene la isla”.

Con todo, desde NC-bc seguirán insistiendo y promoviendo medidas concretas y realizables que ayuden a que los y las lanzaroteñas puedan acceder a una vivienda con todas las garantías. “Para eso nos han elegido los ciudadanos, para hacernos cargo de los problemas reales que sufren y padecen. En eso trabajamos todos los días”, sentencia Daisy Villalba.

NC exponen ocho medidas realizables:

Primero. Que el Cabildo Insular de Lanzarote inicie el procedimiento para crear un Consorcio Insular de la Vivienda que lidere, promueva, asesore y controle la política insular de vivienda junto a los municipios de la isla según se recoge en la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.

Segundo. Que el Cabildo Insular de Lanzarote explore acuerdos con las entidades bancarias que cuenten con propiedades inmobiliarias vacías en Lanzarote para su puesta en el mercado de alquiler asequible.

Tercero. Que el Cabildo Insular de Lanzarote impulse una línea de ayudas a la rehabilitación energética de viviendas vacías e incentivos fiscales junto a los Ayuntamientos para aquellos pequeños propietarios que se comprometan a ponerlas en el mercado de alquiler asequible.

Cuarto. Que el Cabildo Insular de Lanzarote haga uso de la competencia para construir vivienda pública que le otorga el recién aprobado Decreto Ley de medidas urgentes en materia de Vivienda, con la redacción previa de un plan económico-financiero a medio plazo que estime las viviendas que podría construir la institución en un periodo de 5 años.

Quinto. Que el Cabildo Insular de Lanzarote planifique una línea de aval para los jóvenes de Lanzarote que les permitan acceder a una vivienda en régimen de alquiler o compra con la garantía del Cabildo Insular.

Sexto. Que el Cabildo Insular de Lanzarote planifique la creación o adquisición de inmuebles para vivienda de primera acogida unidades familiares completas en situación de vulnerabilidad y exclusión. Se explorará y estudiará la posibilidad de seguir la metodología Housing firts de viviendas modulares que se lleva a cabo en países como Finlandia.

Séptimo. Que el Cabildo Insular de Lanzarote cree una Oficina Antidesahucios que asesore y acompañe a los afectados por estas circunstancias.

Octavo. Que el Cabildo de Lanzarote se comprometa a destinar al menos el 5% de su presupuesto anual a políticas de vivienda y promueva un “Pacto por el Acceso a la Vivienda” para que los siete Ayuntamientos se comprometan con esta materia.