El Ministerio de Medio Ambiente requirió a Repsol más detalles sobre las ubicaciones de los pozos petrolíferos que quiere perforar en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, así como más documentación sobre los riesgos de vertidos y sus consecuencias, sin informar ni dar traslado a los cabildos de las dos islas, que presentaron alegaciones en el expediente de declaración de impacto ambiental.

Para las instituciones canarias, el que el Ministerio de Medio Ambiente reclamase el pasado 21 de febrero nueva documentación a la petrolera “debería ser argumento suficiente para archivar y rechazar de una vez por todas la evaluación de impacto ambiental” de las prospecciones.

Se trata de información que los cabildos desconocían y sobre la que no han podido presentar sus alegaciones.  “En realidad, lo que se plantea es casi una reelaboración de la evaluación de impacto ambiental”, que salió a información pública en agosto pasado, señala el Cabildo majorero.

En el citado escrito de Medio Ambiente a Repsol, el ministerio solicita la ubicación concreta “de los sondeos que se tiene previsto realizar”, “así como el orden de perforación y el calendario”. También se pide “cartografía” de los fondos marinos y “alternativas más probables de los lodos a utilizar” en el proceso de perforación por la plataforma petrolífera.

Medio Ambiente también reclamó que se determinase “la base logística” para las prospecciones, “incluyendo la descripción y ubicación, tanto de las instalaciones portuarias a utilizar como la del helipuerto”.

“Análisis de riesgos” incompleto

El ministerio hace hincapié en el incompleto “análisis de riesgos”, por lo que advierte de “la necesidad de un cálculo lo más coherente posible del riesgo potencial al que se expone la población y el medio ambiente” respecto “a la probabilidad y posibles características de un episodio de descontrol del pozo” petrolífero, conocido como ‘blow out’.

“De la documentación presentada” por Repsol, expone el ministerio, “se deduce que en el caso de ‘blow out’ la mayor parte del crudo derramado se queda en la columna de agua, sin que se haya aportado información suficiente que justifique dicho resultado, contrario a lo que cabría esperar”.

Además, Medio Ambiente concluye que “para la evaluación del riesgo ambiental asociado al proyecto es necesario que se realice un análisis de riesgos completo”. Considera que “en la costa sólo se ha valorado la categoría de riesgo (ecológico y socioeconómico) para los incidentes denominados ‘peores casos’, y ni siquiera para todos”.

“Invalidación de todo el proceso”

Para José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro del Gabinete científico de la Reserva de Biosfera de Lanzarote, “el expediente de Industria está incompleto, falta información importante, y justifica la invalidación de todo el proceso”.

Martín Pallín, junto a Fernando Ríos, comisionado para el Desarrollo del Autogobierno del Ejecutivo regional, y Pedro Hernández, de El Guincho-Ecologistas en Acción, acudieron este jueves al Ministerio de Ambiente para estudiar el expediente, del que no les dejaron una copia.

Las instituciones han asegurado que al consultar el expediente “se encontraron con una serie de documentos sin foliar ni encuadernar”, algo “cuanto menos irregular”, según el Cabildo de Lanzarote,  “por cuanto existe la posibilidad de incorporar o extraer documentos a voluntad”.