La empresa Supermercados Marcial, que ha solicitado licencia comercial específica al Gobierno de Canarias para construir un centro comercial en La Bufona (Arrecife) ha señalado que está “modificando” su proyecto para adaptarse a las “condiciones” fijadas por la Consejería de Obras Públicas, que había rechazado la edificación por invadir suelo expropiado para carreteras.

En unas alegaciones presentadas el pasado 26 de diciembre, la empresa trata de salvar el informe desfavorable emitido a la ejecución del centro comercial emitido por la Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, que además de advertir de la ocupación de suelo expropiado también alertó de los problemas con los accesos del tráfico a la urbanización.

“Respecto a la solución del tráfico”, señala Supermercados Marcial, “en tanto se modifica el nudo de unión” entre la circunvalación de Arrecife y la autovía de Playa Honda, “se ha propuesto una solución transitoria de mejora de los accesos”.

La empresa asegura en sus alegaciones que esa “mejora” ha sido “consensuada con el Cabildo de Lanzarote” y “está siendo desarrollada en el correspondiente proyecto de ingeniería para su aprobación por el organismo competente”.

La intención inicial de la cadena de alimentación era obtener licencia para la instalación y apertura de un centro comercial con una superficie útil de exposición y venta de aproximadamente unos 7.300 metros cuadrados.

Denuncias en La Bufona

La familia Murillo, afectada por la usurpación de terrenos de su propiedad en la ejecución de la urbanización de La Bufona, ha advertido que la empresa que promovió el plan parcial, Brisa Inversiones, no llevó a cabo las cesiones obligatorias del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento de Arrecife, ni los viales, las zonas verdes o los aparcamientos públicos.

Por ello, considera “que no se ha adquirido ningún derecho a aprovechamiento urbanístico lucrativo” y ha reclamado al alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo, que “se identifique al funcionario” que informó positivamente la segregación de “parte del suelo público propiedad de la Comunidad Autónoma de Canarias para que la promotora Brisa Inversiones se lo pudiera vender a la mercantil Supermercados Marcial”.