El Gobierno central ha interpuesto un recurso judicial contra el Ayuntamiento de Arrecife para intentar eludir el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del Hospital Doctor José Molina Orosa, del que es propietario aunque las instalaciones fueron adscritas a mediados de los años noventa del pasado siglo a la comunidad autónoma.

El año pasado, el Ejecutivo central ya pleiteó para ‘escaquearse’ del abono a Arrecife de la contribución urbana, que asciende a casi 300.000 euros, según las fuentes consultadas. Sin embargo, un defecto procesal en su recurso inclinó la balanza a favor del Ayuntamiento. Ahora se espera que el Juzgado de lo contencioso número 5 de Las Palmas, en primera instancia, entre a valorar el fondo del asunto: quién debe hacer frente al pago del impuesto que recauda el Consistorio.

El Gobierno español, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, sigue figurando como dueño del complejo hospitalario, cuyas dependencias se han visto incrementadas en los últimos años. El Ejecutivo central alega que aunque el inmueble sea de su propiedad, fue “cedido” y “transferido” a la comunidad autónoma en 1994, cuando se produjo el traspaso a Canarias “de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud”.

Para Madrid, el pago del IBI y de otros impuestos a los que estuviera obligado el edificio, corresponde a la administración pública a la que se le cedió el inmueble, aunque la “titularidad” sea del Gobierno central. Sostiene que así se especifica en la ley general de la Seguridad Social.

El Gobierno central sostiene que es la comunidad autónoma la que debe pagar

En cambio, el Ayuntamiento deja claro que la posición del Gobierno no encuentra encaje en la legislación que regula la hacienda de las instituciones locales y que el argumento del Ejecutivo “en nada desvirtúa la figura del sujeto pasivo” que está obligado al pago de impuestos y que “la cesión, traspaso o transferencia de un bien” no implica cambios a la hora de pagar el IBI.

En este caso, se da la circunstancia de que es la Gerencia del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, la que registra la titularidad de los bienes y de quienes tienen que pagar el impuesto, mientras que el Consistorio sólo liquida el tributo. Es decir, que mientras un ministerio obliga a pagar al Gobierno central el IBI al Ayuntamiento capitalino, otro ministerio pleitea para evitar el desembolso.