Los vecinos de Valterra han reclamado al Instituto Social de la Marina que les transmita de forma oficial la propiedad de las viviendas y se inscriba a su nombre las casas construidas en la década de los cincuenta del pasado siglo.

En 1955, el Instituto Social de la Marina promovió en Arrecife la construcción de 200 viviendas de protección oficial cuyo destino fue distribuirlas y adjudicarlas entre los trabajadores de la mar y de las empresas conserveras.

Así, el organismo estatal suscribió un convenio de colaboración con las conserveras Garavilla, Rocar y Ojeda para la ejecución de las viviendas sobre terrenos municipales. Los vecinos consideran que las conserveras “no han cumplido el convenio suscrito con el Instituto” y que “no ejercitaron la opción de adquirir la propiedad de los inmuebles”.

En los últimos años se ha producido una batalla legal en los tribunales, al exigir las conserveras y empresas a las que traspasaron sus derechos la titularidad de las casas, ubicadas en una pieza de suelo de elevado valor en la actualidad en el centro de Arrecife.

En una petición al Instituto Social de la Marina registrada el pasada miércoles, los vecinos subrayan que las conserveras “se encuentran totalmente desmanteladas, pero sus trabajadores continúan residiendo en las viviendas adjudicadas”.

Convenio con las conserveras “rescindido”

Los vecinos aseguran que en el convenio entre el Instituto y las conserveras se establecía “la prohibición” de ceder a otras empresas “los derechos y obligaciones derivados de dicho contrato”, así como que se encuentra “rescindido de pleno derecho”.

Además, destacan que “tras ser cedida la posesión de las viviendas” a los trabajadores, estos las han estado habitando durante décadas, “pagando hasta la actualidad, la renta o merced correspondiente y asumiendo todos los gastos derivados del uso” de las casas, como agua y luz, e “invirtiendo en reformas  y reparaciones” requeridas “por el uso y el paso del tiempo”.

Los vecinos consideran que “las empresas conserveras no ejercitaron la opción de adquirir la propiedad, cediendo en concepto de arrendamiento a los trabajadores” las viviendas, al tiempo que “el Instituto Social de la Marina ha conservado la titularidad” de las casas, “pagando los trabajadores el precio fijado como renta” al organismo estatal.

Por ello, los vecinos entienden que han estado ocupando unos inmuebles a cambio del pago periódico de una renta, por lo que, según su criterio, habrían accedido de “forma diferida a la propiedad” de las viviendas.

Piden las “escrituras públicas”

“Consecuentemente”, recalcan en su escrito dirigido al Instituto Social de la Marina, “los beneficiarios de las viviendas han adquirido la propiedad de las mismas toda vez que al día de la fecha se ha completado el pago del precio fijado”.

Añaden que los antiguos trabajadores de las conserveras “se han mantenido en el uso y disfrute de las viviendas” durante todos estos años y no han cometido” ninguna infracción que haya derivado en un desahucio administrativo”.

“A pesar de haberse producido la adquisición de la propiedad” por los vecinos, concluyen en su escrito, “no se han formalizado las escrituras de transmisión” con el Instituto Social de la Marina, por lo que han solicitado que se inicien “los expedientes que procedan para llevar a cabo el otorgamiento de las escrituras públicas”.