El solar de Ginory ha supuesto el mayor golpe a las arcas del municipio de Arrecife: 20 millones de euros que, con los intereses, llegó a elevar la cuenta a 27 millones, por una pieza de suelo clasificada en el Plan General como espacio libre de uso público. Una auténtica ruina. Justo antes de finalizar el pasado diciembre, la alcaldesa de Arrecife, Ástrid Pérez, firmó la obligación de pago de 22,4 millones de euros. Antes, a mediados de mes, el Ayuntamiento suscribió un crédito de 27 millones con el BBVA, que se terminará de pagar en el año 2033.

Este es el último capítulo, pero la historia del solar de Ginory, reconstruida a través de la recopilación de expedientes administrativos y procedimientos judiciales en un trabajo de rastreo llevado a cabo por la formación Lanzarote en Pie, revela datos hasta ahora desconocidos del principal ataque a las finanzas públicas de la ciudad. Estas son las principales claves:

57.200 pesetas

Ese fue el “precio confesado” -57.200 pesetas- que la empresa Litos Canarios pagó, en agosto de 1977, al anterior propietario, Antonio Medina Mesa, por un “terreno con casa anexa, donde llaman Playa de los Pobres”. En la escritura, que se inscribió en el Registro de la Propiedad en diciembre de 1979, se sostiene que los terrenos, que lindan al norte y al oeste con la “carretera que conduce a Puerto Naos”, y al sur y al este con la ribera del mar, tiene una superficie de 10.334 metros. Al cambio, esas 57.200 pesetas serían unos 343 euros. Con la inflación desde los años 70 del pasado siglo (más de un 731 por ciento), el equivalente en la actualidad de aquella cantidad pagada por los terrenos sería unos 2.857 euros.

En las escrituras se identifican los terrenos como la finca número 2.617 del Registro de la Propiedad de Arrecife. Definir la superficie real de lo que el Ayuntamiento ha sido condenado a expropiar, después de clasificar el suelo de uso público en el Plan General de Ordenación (PGO) de 1991, con la categoría de urbanizable, ha resultado más que problemático. Lo que figura en los papeles no se justifica, ni se corresponde tampoco con la realidad física.

Un informe pericial que encargó el Ayuntamiento en 2012 arroja varias conclusiones. La primera es que la parcela de forma triangular que se identifica popularmente con el solar de Ginory (que tiene 10.628 metros cuadrados de superficie medida), en realidad está compuesta por dos fincas: una, la más próxima a la Escuela de Pesca, donde hay un parque infantil y un vial, tiene 4.385 metros y pertenece a la Autoridad Portuaria. La otra, que es por la que en teoría paga el Ayuntamiento, tiene 9.811 metros cuadrados, pero incluye el paseo marítimo del Charco de San Ginés y la parte del propio Charco donde hay varadas decenas de chalanas.

En el informe pericial se toma como base una fotografía aérea de enero de 1961 y se contrasta con la actual situación de la zona. Tras la ejecución del paseo marítimo en los años 80 y “la invasión por el mar de la parte de terrenos colindantes con la ribera”, en el interior del Charco, “la porción de terreno [del solar de Ginory] quedó reducida en aproximadamente un 40 por ciento de su superficie inicial”. El suelo invadido por el mar, aclara el informe de la técnico Amada Fontes, pasa a ser propiedad del Estado. En todo caso, concluye el estudio, al solar que en teoría ha sido expropiado por el Ayuntamiento le quedarían apenas 5.345 metros cuadrados. Del análisis de la documentación del Registro de la Propiedad concluye que quienes han litigado con la institución –primero la empresa Litos Canarios y luego los herederos de Aurora Paloma Fúster Conrado- tienen menos suelo.

Se abonó por el solar 57.200 pesetas en 1977 y Arrecife pagará 27 millones de euros

El propio origen de la finca expropiada por el Ayuntamiento en el Registro levanta suspicacias: se forma de la unión, en marzo de 1952, de otras dos fincas (la 721 y la 1.511). Sin embargo, en mayo de 2001, en el historial de la última parcela citada, que en teoría ya no tendría que existir, se inscribe en el Registro que se trata de un solar de 185 metros con una casa que en realidad está en el número 73 de la calle Jacinto Borges.

Para la técnico, resulta “bastante extraño que más de 50 años después de la agrupación siga viva” en el Registro una finca que “nada tiene que ver con la porción de suelo” junto al Charco de San Ginés. Los números tampoco cuadran con la otra finca que da origen al ‘solar de Ginory’. La primera inscripción dice que tiene 6.947 metros de superficie, luego prácticamente se duplica y más tarde se reduce a tan solo 1.630 metros y “totalmente” afectada por una servidumbre de tránsito de Costas.

Propuestas ignoradas

En los archivos del Ayuntamiento de Arrecife, de forma desordenada, están documentadas, al menos en parte, las broncas entre la empresa Litos Canarias y la Corporación municipal. Una de ellas, en septiembre de 1990, con José María Espino de alcalde, en contra del ensanchamiento de la calle Juan de Quesada, alegando que se invadía “su propiedad”. La compañía llegó a cifrar en aquella época en 2.195 metros cuadrados la superficie de su propiedad invadida.

Al año siguiente se aprobó el Plan General de Ordenación (PGO) que recogió el suelo como urbanizable, con destino de espacio libre. Traducido: un parque. En 1997, se aprobó un texto refundido del PGO y la empresa interpuso un recurso judicial. En mayo del año 2000, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón a la empresa, anuló en parte el Plan General y clasificó el suelo como urbano, de más valor que el urbanizable. El Tribunal Supremo ratificó la decisión en abril de 2003.

Un informe concluye que a la finca le quedaban solo 1.630 metros en el Registro

Los intentos de la empresa de alcanzar un acuerdo, sin éxito, se remontan a hace prácticamente dos décadas. En abril de 2003, con María Isabel Déniz en la alcaldía, el arquitecto Antonio Arrechea, representante de la empresa y uno de los herederos, se dirige a la alcaldesa y le plantea que el Ayuntamiento no insista en “destinar el cien por cien de la propiedad” a uso público. Ya entonces le advierte de que la “adquisición” de los terrenos “hipotecaría durante muchísimos años la capacidad financiera de la hacienda municipal” y le propone una propuesta de ordenación para la zona, “en términos de racionalidad y realismo, con renuncia a maximalismos y planteamientos utópicos”.

En noviembre de 2004, la empresa pasa al ataque, aunque con la mano tendida a un acuerdo. Con la clasificación del suelo como urbano respaldada por los tribunales, presenta una tasación de 31 millones de euros para que el Ayuntamiento le expropiase los terrenos, que cifra en “aproximadamente 10.233 metros cuadrados”. “Dicho todo esto, no quiero terminar sin reiterar mi predisposición a suscribir con ese Ayuntamiento un convenio urbanístico razonable que constituya una alternativa a la expropiación como fórmula idónea para conciliar todos los legítimos intereses”, tanto los de la institución como los de la empresa, sugiere Arrechea, quien se queja de la “sinrazón municipal” que le ha “forzado a pleitos no deseados”.

La propiedad planteó un hotel de 12 plantas y el resto de suelo para uso público

El propietario se muestra abierto a “la suscripción de un convenio” que sea “razonable”, por “coherencia con la actitud de diálogo” que asegura que siempre mantuvo con el Ayuntamiento, aunque fuese “inútilmente”. También se refiere a su “especial relación con la Isla y sus gentes desde hace muchas décadas”, cuando eran pocos, dice, los que creían en Lanzarote. De forma específica, plantea ocupar en la parte norte de la finca, junto al parque infantil, “una pieza edificable” de 3.600 metros cuadrados de superficie y 12 plantas de altura. El Arrecife Gran Hotel tiene 15 plantas.

En su propuesta, la planta baja sería comercial y la primera se destinaría a oficinas, ambas con los citados 3.600 metros construidos. De la segunda a la duodécima tendrían un 36 por ciento menos de superficie y se destinarían a uso residencial y hotelero. El resto de la parcela, para su posible uso como parque, se cedería al Ayuntamiento. Arrechea argumenta que la zona elegida para construir “no estrangularía visualmente la boca del Charco de San Ginés”, “permitiría a la ciudad contar con la opción de un hotel de calidad” próximo al puerto deportivo y al Islote del Francés y, lo más importante para las arcas públicas: “Con solo renunciar a parte de la superficie del parque previsto [en el solar de Ginory], el Ayuntamiento lo conseguiría de forma gratuita, quedando liberado de los elevados costes de la expropiación”.

Votar sí a 31 millones

Medio año después de la propuesta de los propietarios, el Gobierno de Canarias insta al Ayuntamiento a elegir entre expropiar los terrenos o firmar un convenio urbanístico. Nunca se llegó a suscribir ningún acuerdo. Y, poco después, el Ayuntamiento se dispararía el primer tiro en el pie, que ha terminado influyendo de forma decisiva en el agujero económico ocasionado por el solar de Ginory.

El 14 de febrero de 2006 se reúne el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, para decidir sobre la reclamación de Litos Canarias de que se fijase un justiprecio de 31 millones de euros por su parcela. Desde abril del año anterior, el organismo había solicitado al Ayuntamiento que remitiese el expediente de expropiación, sin que se le hiciera ningún caso. La institución presidida en ese mandato por María Isabel Déniz (CC) guarda silencio durante “más de 10 meses”. Hasta diciembre de 2006, la edil de Urbanismo fue Nuria Cabrera (PSOE).

“El Jurado, después de deliberar y teniendo en cuenta que no consta oposición alguna al justiprecio formulado por la propiedad”, fija el valor del solar en 31 millones de euros. “Este acuerdo se adoptó por unanimidad”, se especifica en el acta del Jurado Provincial de Expropiación, en la que también se aclara que a la sesión acudió como representante del Ayuntamiento la técnico Penélope Tabares.

Con Isabel Déniz en la alcaldía se apoyó una tasación de 31 millones

El Ayuntamiento de Arrecife sí recurriría después judicialmente la valoración del solar de Ginory en 31 millones, que anula el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En la sentencia se rechaza el criterio del Jurado de Expropiación, que alegó que, como no existía por el Ayuntamiento “oposición alguna a la valoración pedida”, procedía fijar lo que pedía la empresa. El TSJC replicó que era preciso analizar si la reclamación estaba fundamentada y era objetiva, al margen de que la institución no se hubiese opuesto.

En vez de rebajarse la tensión entre las dos partes, se incrementó: en abril de 2008 la empresa pasó a solicitar que la expropiación ascendiese a 44,5 millones de euros. Hasta junio de 2010 no se reúne el Jurado de Expropiación Forzosa para tomar una decisión: fija el justiprecio en 20 millones de euros. En esta ocasión, acude por Arrecife la técnico Lidia Sánchez. A diferencia de lo ocurrido cuatro años antes en el mismo órgano, el Ayuntamiento -que presidía Cándido Reguera (PP), con Pedro de Armas (PNL) como concejal de Urbanismo- vota en contra. Sin embargo, luego no impugna en los tribunales la valoración económica y esos 20 millones se convierten, sin discusión, en una losa económica para la institución.

Este es el segundo tiro en el pie del Ayuntamiento. Lo recuerda, en una comunicación de febrero de 2015 al entonces alcalde, Manuel Fajardo, el abogado Felipe Fernández Camero, que representó al Ayuntamiento en varios procedimientos relacionados con Ginory: “Como usted sabe, porque yo mismo se lo expliqué hace años, aunque es seguro que no habré sido el único que le haya facilitado esa información, el Ayuntamiento de Arrecife no impugnó en su momento el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa”. Así, aunque los 20 millones establecidos en 2010 son una cantidad inferior a los 31 millones acordados en 2006, nunca se discutió y “se convirtió en firme para el Ayuntamiento”.

Una Corporación presidida por el PP no impugnó la última valoración, de 20 millones

De aquellos polvos, estos lodos. Desde entonces, esa millonaria deuda ha supuesto una amenaza que ha terminado por convertirse en una cruda realidad. El Ayuntamiento de Arrecife, simplemente, ha tratado de defenderse: la familia Fuster demandó –sin éxito- en 2011 al Consistorio por no incluir en el presupuesto la expropiación, también emprendió acciones por “inacción” al no pagarse la deuda y, en julio de 2016, se sentenció a la institución a abonar los 20 millones y los intereses desde marzo de 2011. En noviembre del año siguiente, cuando se le avisa de la condena de 20 millones, la interventora contesta que en tesorería apenas hay 12 millones.

Todavía en 2017, Antonio Arrechea declara a Diario de Lanzarote que están “abiertos a escuchar al Ayuntamiento”. En los últimos cuatro años, sin embargo, la discusión ha estado en cuánto se pagaba: por ejemplo, 600.000 euros anuales como planteó la alcaldesa Eva de Anta (PSOE), en un plan de pago rechazado por el Juzgado. No obstante, en febrero de 2019 ordena transferir 1,2 millones.

Antes de las últimas elecciones, el letrado que representaba al Ayuntamiento, Gervasio Martín, se dirige al Juzgado alegando que, antes de pagarles, los teóricos dueños del solar tenían que aportar los certificados de propiedad. El Juzgado rechaza la petición. Y el letrado aconseja, después, insistir en esa línea argumental e iniciar “otro procedimiento” para evitar el pago. En junio de 2019, ya es Astrid Pérez (PP) alcaldesa y no lo tiene en cuenta.

Tras tomar el bastón de mando, Pérez empieza a tramitar el pago de 287.500 euros que reclamó Fernández Camero como honorarios. En octubre, envía otra planificación al Juzgado para dejar saldada la deuda del solar en 2032. En un informe, se cuantificaba la deuda total en 27 millones, de los que se habían pagado 1,2 millones, y quedaban pendientes 25,8 millones. Con la transferencia de hace poco más de un mes, en Nochevieja, todavía quedaría un pico.