Hace seis años, el abogado y empresario Luis Lleó hablaba, entre sorprendido y contento, con su abogado y le contaba que a pesar de que no estaba pagando varias cuotas de préstamos que le había dado CajaCanarias, no debía ni un duro. “Están pagando los préstamos”, decía.

El mes pasado, la misma persona, uno de los principales imputados del caso Unión, registró un escrito en el Juzgado que instruye el caso para que le acepten como acusación particular en calidad de perjudicado por la actuación de esa entidad bancaria, hoy integrada en La Caixa. La juez no se lo ha admitido, ni a él a título particular ni a tres de sus sociedades, en las que ejerce él mismo como abogado.

Esas sociedades son Inversiones Tenderete, La Marina de Naos y Residencial Playa Honda, a las que esa entidad les concedió entre 2005 y 2007 más de 43 millones de euros para tres promociones inmobiliarias: mil casas en Playa Blanca, oficinas en la Vía Medular de Arrecife y una urbanización de viviendas en Playa Honda.

Sólo se terminaron y vendieron estas últimas pero ni se desarrolló el proyecto del Sur ni se terminó el edificio de la Marina de Naos, que hoy sigue siendo un edificio fantasma. Lleó tampoco recibió todo el dinero porque se le iba concediendo según iba certificando el avance de las obras.

Según la juez Silvia Muñoz, no se puede considerar ni a Lleó ni a esas tres sociedades, de las que es administrador su socio Fernando Martín, como perjudicados por los hechos que se investigan en Unión. “Lo relatado en su caso sería objeto de nueva denuncia y procedimiento, no conexo con las diligencias previas 697/2008, al no investigarse en el presente los hechos relatados”, dice la juez.

Lleó, sin embargo, alega que CajaCanarias bloqueó en 2008 y de manera continuada y unilateral las cuentas bancarias de esas mercantiles, lo que puede constituir la comisión de delitos como apropiación indebida, falsedad en documento público y delitos contables y societarios. Pide que se investigue al banco y se inicien acciones civiles o penales porque su actitud le generó “perjuicios directos y objetivos en su esfera patrimonial” y pone como ejemplo que una de las sociedades tuvo que entrar en concurso de acreedores hace tres años.

Lo curioso del caso es que si no se ha seguido investigando a CajaCanarias es precisamente porque el propio Lleó pidió en el Juzgado que se anulara el registro de sus oficinas, y lo logró. La Audiencia Provincial le dio la razón, y anulado el registro dejó de tener validez un informe que había hecho la UCO que revelaba las presuntas irregularidades en la gestión del banco con respecto a los créditos de Lleó.

De hecho, en su escrito, el empresario explica lo mismo que la Guardia Civil en su informe: que algunos empleados del banco, ante la falta de pago de Lleó de las cuotas de los préstamos, los bloquearon y comenzaron a pagarlos con el dinero que debían conceder de otros préstamos al mismo empresario. Eso lo hizo el banco, en teoría, para no tener que afrontar el descubierto ante el Banco de España.

El empresario propició que la Justicia dejara de investigar al banco que le dio 43 millones, y ahora se considera perjudicado

El empresario se considera perjudicado porque todo se hizo sin autorización y destaca que “sólo se podía disponer de los mismos (los préstamos) contra expedición de certificaciones de obra en curso, no realizándose obra o construcción alguna”, pero la Guardia Civil decía en su informe que ni el banco ni Lleó salían perjudicados con esa operativa, y llega a la conclusión de que ese traspaso de cuentas alcanzó los cuatro millones de euros con más de cuarenta abonos.

Según el informe de la UCO, el banco limitaba su nivel de morosidad e impagos, manteniendo saneadas las cuentas de las sociedades de Lleó. “El problema -dice el informe- radica en que el dinero empleado para la obra realmente se destina a pagar las cuotas y no a construir la obra, la cual en el futuro será difícil de concluir al consumir el capital del préstamo destinado a la construcción”.

La UCO también veía los mismos delitos que ahora ve Lleó por parte de los diferentes jefes de préstamos o riesgos de la entidad, y se preguntaba si los jefes de préstamos recibían algún tipo de mandamiento imperativo superior y si, ya que la situación era conocida plenamente por una gran cantidad de empleados en Lanzarote, era una operativa habitual que se hacía con otros empresarios y constructores. El informe, en todo caso, ya no es válido, precisamente a instancias de quien ahora pide que se investigue y que quiere ser acusación particular en un caso de corrupción que nació cuando le denunciaron a él mismo por intento de soborno.