A cada reparo de Intervención, un informe que lo levanta. En el Ayuntamiento de Arrecife se ha convertido en la norma, más que en una excepción. Desde que llegó el actual grupo de gobierno a la alcaldía, en junio de 2023, sin contar todo el año 2025, el alcalde, Yonathan de León, o quien ejerza en ese momento como alcalde accidental, ha levantado ya 506 reparos para dar el visto bueno a 6,8 millones de euros, cuyos expedientes habían tenido reparos por parte de Intervención. 

El primer reparo que levantó el actual alcalde fue el 14 de julio, solo siete días después de su toma de posesión del cargo. Ese año levantó 179 reparos por valor de algo más de tres millones de euros. De ellos, 29 fueron pagos, hubo un reconocimiento de deuda de casi un millón, 15 subvenciones, algunas de ellas de cantidades elevadas, y el resto, la mayoría, contrataciones, hasta 134.

El departamento de Intervención está obligado a recoger en un informe todas las resoluciones adoptadas por la alcaldía que son contrarias a los reparos efectuados en su departamento, además de un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. El informe anual de 2024 revela que se levantaron 327 reparos. De estos, 95 corresponden a pagos, cinco son subvenciones, hay una declaración responsable y el resto, 226, son contrataciones. El coste suma 3,8 millones de euros.

No se conoce aún con exactitud el número de reparos que habrá en 2025, si bien Alfredo Mendoza, portavoz del principal partido en la oposición, el PSOE, ha declarado que este año probablemente sean más de mil reparos los que se hayan levantado cuando finalice el año, a tenor de los que han ido viendo a lo largo del año. Mendoza calificó la situación como escandalosa, además de que refleja una gran falta de planificación. El portavoz socialista cree que Arrecife “se puede convertir en uno de los ayuntamientos más endeudados de Canarias”.

Los reparos son habituales, pero los argumentos para esos reparos, en algunos casos, son llamativos. Como ejemplo, el reparo que pone Intervención en mayo de 2024 en un expediente relativo a la contratación del servicio de publicidad mediante retransmisión de entrevistas para las Jornadas de deportes tradicionales, que se adjudicó a la productora audiovisual de la Unión Deportiva Las Palmas por 2.500 euros como contrato menor de servicios.

El expediente lo tramitó el Área de Deportes. “A juicio de esta interventora, se trata de un contrato menor en fraude de ley”, dice el informe, porque con los contratos de servicios publicitarios, o bien procede que se hagan con una agencia de publicidad o bien se puede considerar que cada campaña constituye “un objeto propio y completo sin necesidad de otras campañas para su funcionamiento operativo”. “Podrá sostenerse que su contratación separada no implica el fraccionamiento del contrato y que la inclusión de un conjunto de campañas de publicidad y comunicación en un plan anual no implica que exista una vinculación operativa a los efectos de entender que deba realizarse una contratación conjunta”, señala.

Recuerda en ese informe que el Tribunal Constitucional dice que debe haber un “reparto equitativo entre los medios de comunicación, que, si bien reconoce cierto grado de discrecionalidad, el reparto de la publicidad institucional deberá ser motivado adecuadamente y respetar los principios de igualdad y no discriminación”. Este reparto debe plasmarse en un Plan de Medios.

Y termina: “El presente expediente es un ejemplo más que pone de manifiesto la necesidad de que los expedientes tramitados por las áreas gestoras como contratos menores se tramiten por el departamento de contratación. El resultado de que las áreas tramiten sus contratos menores se traduce en fraccionamientos y posteriormente más volumen de trabajo para esta Intervención que en lugar de dedicarse a expedientes de importancia la dedicación casi plena es atender a las áreas en la tramitación de contratos menores y cómo solventar las notas de reparo”, concluye el informe. Esta advertencia se repite de forma constante en el tiempo, sin que se haya subsanado hasta ahora, según las fuentes consultadas por Diario de Lanzarote.

Echedey Eugenio, teniente de alcalde de Arrecife. 

Navidad

Otro ejemplo de posible fraude de ley por fraccionamiento en la contratación, una práctica que está prohibida en la Administración y que formaba parte de las acusaciones que se hicieron tanto en el caso Unión como en el caso Montecarlo, son los cuatro informes de Intervención de diciembre de 2023 referidos a la feria Navilan, que costó unos 600.000 euros.

Uno de ellos se refiere a la contratación del servicio de decoración de casetas de madera a la mercantil Servicios integrales. Los otros tres contratos, todos ellos con reparos emitidos en la misma semana, entre el 19 y el 22 de diciembre de 2023 y relacionados con la misma feria, fueron por la decoración del recinto y atrezzo del escenario de Navilan, a la mercantil Rosmachín, por el merchandising y el cuarto por la contratación del servicio de azafatas y azafatos para la misma feria a otra empresa. A pesar de los reparos, se siguió el mismo procedimiento al año siguiente.

La interventora advierte que Arrecife se encuentra en una situación de “inestabilidad presupuestaria”

“La contratación de los servicios para la decoración de una Corporación Local se deben calificar como contratos administrativos de servicios, como prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro”, decía la Intervención en ese caso, y recordaba que las bases de ejecución del presupuesto recogen que los gastos recurrentes no pueden ser objeto de contrato menor.

“Los gastos realizados en el presente ejercicio evidencian no sólo la escasa planificación del área gestora, sino también que la contratación que se pretende realizar es contraria a las Bases de Ejecución del Presupuesto”, señalaba, por lo que entendía que existe un fraccionamiento prohibido por la ley de contratos, ya que la contratación debió llevarse a cabo mediante la  tramitación de un único procedimiento de adjudicación, “con mayores garantías de publicidad y de procedimiento”. “No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”, dicen los reparos.

Es habitual que para esa feria, o para otros eventos similares, se tramiten varias decenas de expedientes, en su mayor parte, o todos, contratos menores de servicios de menos de 15.000 euros que no necesitan ni licitación ni otras ofertas, sino que se trata de una adjudicación directa, pero después el coste total del evento sobrepasa varios cientos de miles de euros. Así ha ocurrido en la Feria de Abril o el Día de Canarias, entre otras. En esos informes se concluía con la misma advertencia anterior sobre la necesidad de que los expedientes tramitados por las áreas gestoras como contratos menores se tramiten por el departamento de contratación.

Estrangular

El reparo más llamativo, sin duda, fue el que se hizo a la contratación del cantante mexicano Alejandro Fernández, el plato fuerte de las pasadas fiestas de San Ginés y cuyo contrato se firmó el mismo día de la actuación por 740.000 euros. Intervención señalaba en el decreto firmado por el concejal de Hacienda y Festejos, Echedey Eugenio, que “es imposible que el contratista” pueda cumplir con todo el pliego de prescripciones técnicas del contrato.

La interventora advertía que Arrecife se encuentra en una situación de “inestabilidad presupuestaria” y criticaba la “nula planificación” del área de Turismo, así como que la contratación debió hacerse por parte del área de Festejos. La funcionaria decía en ese informe de reparo que estaba “totalmente en contra” del expediente y del escaso margen para informar sobre él. “Esta forma de trabajar del Área de Turismo sólo busca conseguir estrangular a esta interventora”, concluía.