En una época en la que la inversión pública en Arrecife es deprimente, las escasas esperanzas para el crecimiento de la ciudad pasan ahora mismo por la construcción, pieza a pieza, de un puerto puntero que atraiga visitantes, y por el desarrollo comercial que de paso desarme el oligopolio en ciertos sectores, como el de la alimentación, que han padecido durante décadas los ciudadanos de la Isla.

A cualquier consumidor al que se le pregunte le parecen inauditas las trabas a las que se enfrentan grandes cadenas para implantarse en Lanzarote, mientras que en otras islas del Archipiélago –Fuerteventura, sin ir más lejos- el ciudadano tiene la libertad de elegir básica para que un mercado funcione. Mucho más le sorprendería al ciudadano –y votante- descubrir que, en ocasiones, es en la propia administración pública donde se engrasan los frenos. Veamos un caso práctico:

1. De todas las bolsas de suelo de uso industrial y comercial que tiene Arrecife, una de las estratégicamente mejor situadas es la denominada UA-12, en Argana Baja, justo al norte de la circunvalación y cerca de la salida hacia San Bartolomé. A esa conclusión también llegó Mercadona (17.831 millones de ingresos al año), que tiene intención de comprar suelo y construir un supermercado de 2.100 metros cuadrados, en el que invertiría más de 10 millones de euros, dando empleo directo de paso a más de un centenar de personas.

2. En una ciudad en la que el urbanismo es un campo plagado de minas, la aprobación de la normativa de la UA-12 suscitó el acuerdo unánime de todos los grupos políticos –desde Alternativa Ciudadana al PP- en junio del año pasado. El planeamiento se aprobó de forma definitiva por el Gobierno de Canarias este año y entró en vigor el pasado mes de julio. Las obras de urbanización están en marcha –previo desembolso de 150.000 euros a las arcas públicas por la licencia- y sólo falta el último paso: el visto bueno al convenio en el que se adjudican las parcelas a los promotores y al Ayuntamiento.

3. Justo cuando estaba a punto de aprobarse el convenio para que cada dueño –incluido el Consistorio- pueda registrar a su nombre las parcelas que le corresponden, el Partido Socialista, que gobierna con Coalición Canaria, mandó a parar. Y ello, a pesar de que la jefa de la Oficina Técnica informó hace un mes a favor de que se aprobase ya de forma definitiva el convenio, clave para que una vez puestas las calles, las aceras y las farolas, Mercadona pueda pedir licencia de obras y construir su supermercado.

Las influencias sobre el Ayuntamiento frenan un híper de 2.100 metros en Argana

4. A la jurista de la Oficina Técnica le han pedido que vuelva a informar sobre un convenio del que ya dictaminó positivamente y propuso que el pleno municipal lo ratificase. En sectores empresariales no se explican cómo es posible que si los servicios jurídicos municipales piden que se apruebe, desde fuera del Ayuntamiento se reciban influencias que determinen la decisión política. Entre los que mandan en el Ayuntamiento hay quien se inclina por dar marcha atrás, con lo que la demora estaría garantizada. La asociación de consumidores Aculanza también tiene “sospechas” de una “mano negra”. Y la falta de explicaciones públicas convincentes por parte del grupo de gobierno de Arrecife acrecienta las dudas.

5. ¿A quién beneficia que se retrase el desembarco de Mercadona? Básicamente a las –por el momento- principales empresas de alimentación en la Isla: Hiperdino y Supermercados Marcial. El consejero delegado de Hiperdino, Javier Puga, ha declarado que no teme a la competencia y se ha mostrado partidario de plantar batalla bajando precios. Ha llegado a decir que no es justo que se gane demasiado con la alimentación con la crisis actual. En cambio, desde ámbitos próximos a Marcial se han planteado multitud de alegaciones para tratar de bloquear, por la vía urbanística, la diversificación comercial en Lanzarote.

6. La tarta que representa el negocio de la alimentación es apetitosa para hincarle el diente, y quienes se han empachado durante años tratarán de evitar a toda costa que se reparta. Es un sector que ha notado menos que otros el desplome económico y que puede seguir siendo una mina. Para muestra, un botón. En 2011, Marcial ingresó más que nunca: 116,4 millones de euros, con 12,4 millones de beneficios. ¿Cuántos ceros de su cuenta de resultados perderían los operadores actuales con una mínima competencia en la Isla?

Los operadores que ahora controlan la alimentación llegan a ingresar 116 millones al año

7. Y a todas estas, los perjuicios para el Ayuntamiento cuanto más tarden en desarrollarse urbanizaciones como la UA-12 son notables. Aquí el Consistorio recibiría suelo para construir 7.315 metros de superficie. Con el polígono desarrollado percibiría cada año en impuestos y tasas 284.602 euros para financiar gastos e inversiones municipales, que tanto brillan por su ausencia. Pero en la Casa Consistorial parecen estar pensando en otras cosas, probablemente no en el interés general.