La organización política insular, Lanzarote En Pie, considera que ya es tiempo de que las autoridades informen sobre la situación real tras el aumento de los flujos migratorios de los últimos días, y en particular durante este fin de semana, hacia Lanzarote. En este sentido, reclama que la primera institución insular informe a la ciudadanía sobre la gestión que se está llevando a cabo.

Asimismo, desde LEP sostienen que es fundamental mantener informada a la población con datos fehacientes para evitar especulaciones. Aseguran que de no comparecer ante la sociedad insular estarían permitiendo que se ponga en riesgo el marco de convivencia y se abone el terreno para el florecimiento de posiciones oportunistas a irresponsables. Los representantes públicos deben informar para evitar el oportunismo partidista interesado en generar alarma social.

La población lanzaroteña necesita estar informada sobre los últimos acontecimientos, saber con certeza qué está  sucediendo con datos fiables, pero sobre todo tener la seguridad de que existe una coordinación eficiente y que quienes están al frente de las instituciones se están ocupando de la situación.

Cabe recordar que desde LEP, hace unas semanas atrás, ya se hizo hincapié en la falta de recursos para atender este tipo de emergencias humanitarias y en cómo los servicios de asistencia se habían visto desbordados en las primeras atenciones a las personas que arribaron a la costa norte.

A pesar de ello, durante el fin de semana pasado ha quedado patente la preocupante falta de material sanitario y de protección para el personal de emergencias que acudió al rescate. En este contexto, hay que tener en cuenta el desbordamiento de los efectivos policiales que están haciendo lo que pueden con los escasos medios con los que cuentan; tanto para la labor de custodia como para la atención temporal a extranjeros en unas instalaciones poco adecuadas para ello.

Por último, Lanzarote En Pie pide que las instituciones dispongan los recursos necesarios para abordar esta situación con la máximas garantías posibles para mantener la dignidad de las personas; y que se hagan eco de las demandas de las más de veinticinco organizaciones de la sociedad civil que hace un año atrás reclamaban mayor transparencia en la gestión.