Lanzarote En Pie (LEP) ha denunciado que el Ayuntamiento de Arrecife ejecutó solo el 3,83 por ciento del presupuesto de Vivienda correspondiente a 2025, al gastar 43.932 euros de los 1,1 millones consignados para esa área, según los datos de la liquidación presupuestaria.

La organización sostiene que la mayor parte de esos fondos, destinados a ayudas al alquiler y a rehabilitación de viviendas, quedó sin utilizar durante el ejercicio.

Según expone LEP en un comunicado, de los 220.000 euros previstos para ayudas al alquiler apenas se destinaron 1.500 euros en todo 2025. En el apartado de rehabilitación de viviendas, añade, de los más de 877.000 euros disponibles solo se ejecutaron algo más de 42.000 euros.

La portavoz de la formación, Leticia Padilla, considera que la baja ejecución presupuestaria no responde a una cuestión meramente administrativa. “No estamos ante un simple problema administrativo, sino ante una posible negligencia de gestión. El Ayuntamiento diseñó un sistema que impedía acceder a las ayudas y lo mantuvo todo un año mientras dejaba fuera a muchas familias”, afirma.

LEP subraya que la escasa cuantía destinada al alquiler refleja, a su juicio, la falta de respuesta del gobierno municipal ante la situación habitacional del municipio. “Que en un año entero solo se hayan concedido 1.500 euros en ayudas al alquiler es una muestra de la incapacidad del gobierno municipal para responder a la realidad social de Arrecife”, señala Padilla.

La organización añade que el problema no fue la ausencia de recursos económicos, sino el diseño del procedimiento y de las condiciones exigidas para acceder a las ayudas. “No faltó dinero, faltó voluntad de resolver”, sostiene la portavoz.

Lanzarote En Pie indica que las bases aprobadas en 2025 fijaban un límite de 600 euros para el alquiler mensual e imponían topes de ingresos que califica de estrictos, lo que, según expone, dejó fuera a familias con dificultades reales para afrontar el pago de la vivienda.

A ello, añade, se sumaba un procedimiento lento y una exigencia documental pensada para una tramitación ordinaria y no para una situación de emergencia habitacional.

En este sentido, Padilla afirma que “no se puede atender una emergencia habitacional con un modelo pensado para retrasar, baremar y bloquear. Cuando una familia no puede pagar su alquiler, la administración no puede responder seis meses después”.

La organización asegura que de los 220.000 euros previstos para alquiler solo se concedieron 1.500 euros en todo el año

LEP considera que la reciente modificación de las bases y la revisión de los requisitos económicos evidencian, a su juicio, que el sistema aplicado en 2025 no se ajustaba a la realidad del municipio.

Por ello, reclama al grupo de gobierno que garantice que los cambios introducidos se traduzcan en ayudas efectivas y accesibles, con plazos de resolución razonables y con un seguimiento público de su concesión.

“La vivienda no puede seguir tratándose como un anuncio ni como una promesa aplazada. Hablamos del derecho de la gente a seguir viviendo dignamente en su ciudad. Gobernar también es cuidar, y cuidar empieza por garantizar que quien necesita ayuda la reciba”, concluye Padilla.