En el módulo uno de la prisión de Tahíche viven 29 internos que integran voluntariamente la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel lanzaroteña. Es un espacio libre de drogas donde se trabaja la convivencia y la formación.

La unidad funciona gracias al “espíritu de ayuda a la rehabilitación” que tienen sus funcionarios, que no reciben ninguna formación específica por parte del Estado. El modelo está inspirado en el trabajo que emprendieron por su cuenta un educador y una trabajadora social del centro de Villabona (Asturias) en 1994.

“Aquí tienes mucho tiempo para pensar; te llama por teléfono tu madre, te dice que no se encuentra bien y aunque no sea nada empiezas a darle vueltas a todo, absolutamente a todo”, cuenta Sergio Figueroa, escayolista e interno en la cárcel de Tahíche por un delito de tráfico de drogas. Mientras confecciona cuadros con hilo o pule la madera que luego será escama de pez manriqueño, se suavizan las preocupaciones, mengua la ansiedad y surgen, a veces, momentos para conocer mejor al compañero de celda.

En la UTE lanzaroteña se imparten talleres de carpintería, hilo, arena, marquetería, alfombras y cochinilla. Los funcionarios son los tutores y responsables del módulo, pero los internos “intentamos gobernarnos solos”.

En eso consiste el proceso: en lograr una convivencia armónica y aprender a comunicarse. El único requisito en esta microsociedad es dejar de consumir drogas (las analíticas son constantes) y estar dispuesto a hacer un trabajo personal que pasa por analizar y empatizar. Siempre con la ayuda diaria de un trabajador social, una psicóloga y un educador.

“En la UTE tenemos la oportunidad de hacer un trabajo personal. Nos enseñan a administrar el dinero, a mantener una relación de igualdad, a convivir”. Gracias al trabajo de la asociación Derecho y Justicia, los internos de la UTE pueden recibir clases para obtener el graduado escolar.

“Un altísimo porcentaje de internos no tiene el certificado escolar básico”, explica la pedagoga Tharais Armas. A pesar de la estadística, hay un maestro para toda la prisión y no puede desplazarse al módulo uno porque excedería el número de horas para las que está contratado. No hay más personal.

Entre los quince y los dieciocho años, Sergio ahorró cerca de cuatro millones de pesetas trabajando en el sector de la construcción. “Tenía ganas de comerme el mundo y dije ‘esta es la mía’; me fui a vivir con unos amigos, empezó la noche y empezaron las drogas”, explica.

Ha vivido de alquiler, en la calle, en una casa de acogida de una iglesia evangélica y en casa de un compañero de trabajo. Ha “tropezado” tres veces en su vida. La última fue en 2008, cuando le detuvieron en el aeropuerto de Málaga con varios gramos de cocaína en el estómago.

“Tenía 33 años, ya no era ningún chiquillo. Ahí me di cuenta de que algo tenía que cambiar”.  El juicio tardó dos años en celebrarse y la resolución del recurso que presentó su abogado, otro año más.

Tuvo la opción de cumplir la condena en Madrid, cerca de su familia, pero quiso evitar a toda costa macro- cárceles como Soto del Real, consciente de que saldría peor de lo que entró. Los resultados del sistema penitenciario español son radicalmente negativos y los expertos (informe Caride y Gradaílle, de 2013) insisten: “Las cárceles son un exponente visible de los fracasos de la libertad y, en cierto modo, de la educación”.

La UTE es tremendamente necesaria y “muy, muy positiva”, pero “no funciona como debiera porque no hay suficiente personal ni recursos”, afirma la presidenta de Derecho y Justicia. Tampoco existe una formación específica para los funcionarios que trabajan en ella. “Hay que seguir trabajando para mejorar el programa porque no hay coordinación con el centro de Día de Zonzamas, ni con Derecho y Justicia. Participamos, somos útiles, pero no hay diálogo; y sería necesario para no duplicar recursos y trabajar con más fuerza”.

Aunque el presupuesto estatal de Instituciones Penitenciarias ha crecido este año un 0,64 por ciento respecto a 2013 (en total: 1.122 millones de euros), en Lanzarote hay un sólo médico interino para una población de 500 personas. “Ha habido una reducción absoluta del presupuesto, tanto del material para talleres como para el personal técnico”. De hecho, los materiales para los talleres de la UTE se pagan con la venta de las artesanías elaboradas por los presos, en un puesto en el mercado de Arrecife (sábados, de 10 a 14 horas).

Los cursos de Radio Ecca funcionan muy bien para los internos, pero para hacer un examen a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) hay que enfrentarse con una burocracia que es “un despropósito”. En Tahíche, hay “uno o dos juristas” y el asesoramiento legal es el servicio más demandado: “La mayoría de los presos no saben que tienen derecho a un abogado de oficio”.

El silencio de Instituciones Penitenciarias

Con la llegada del Partido Popular al gobierno en 2011, la relación de Instituciones Penitenciarias con la asociación lanzaroteña Derecho y Justicia se cortó “de forma radical”. “Se han reducido el número de UTEs” en España y la actual política penitenciaria “está encaminada a eliminar el trabajo terapéutico que se desarrolla en las cárceles; no les interesa rehabilitar a la gente”, analizan en el colectivo. La existencia de una UTE significa que el trabajo educativo en el resto de la prisión es insuficiente o inexistente.

La reinserción es una “utopía”, a pesar de que el artículo 25.2 de la Constitución española establece que las penas privativas de libertad deben estar “orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Instituciones Penitenciarias ha denegado a Diario de Lanzarote la autorización para realizar dos entrevistas con el coordinador y la trabajadora social de la UTE lanzaroteña, alegando que “los funcionarios deben guardar sigilo de su trabajo” y que no están obligados a atender a los medios de comunicación.