El juicio del caso Montecarlo por la pieza de Tunera tenía que haber empezado el último día de enero. De enero del año pasado. No arrancó por la huelga de los letrados de administración de justicia y luego, en febrero, también se suspendió. Ahora se ha fijado un nuevo calendario, que empieza la próxima semana.

Así, la Sección Primera de la Audiencia Provincial comienza el juicio este próximo lunes, 22 de enero, para continuar el martes 23 y el miércoles 24. El juicio, en principio, se extenderá a los días 30, 31 de enero, y 1, 6, 7 y 8 de febrero, ya en Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de un juicio complejo, con multitud de testificales y periciales. Esta es la quinta y última pieza del caso Montecarlo, relacionada con la empresa Tunera, vinculada al empresario Eduardo Ferrer, de Tecnosound.

Además del propietario de la empresa, también están acusados otras siete personas, entre exconcejales y trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife. En la causa se investigó si se pagó por servicios no realizados, duplicados o con facturas infladas, además de las irregularidades en la contratación o justificación de esos servicios.

La Fiscalía señaló como conclusión que “el importe arbitraria y fraudulentamente abonado por el Ayuntamiento de Arrecife” a la empresa asciende, “sólo entre los años 2009 y 2012, a la cantidad mínima” de 3,2 millones de euros, de los cuales “al menos” 121.000 euros obedecen según el Ministerio Fiscal “a pagos por servicios no prestados”.

De esta manera, la Fiscalía solicita seis años de prisión para el exinterventor Carlos Sáenz, lo mismo que para el dueño de la empresa, y cuatro años y medio para los exconcejales Eduardo Lasso y Lorenzo Lemaur, igual que para los trabajadores Miguel Ángel Leal y José Nieves. También están acusados los trabajadores Blas Antonio Cedrés y Francisco Hernández Betancort.

El exalcalde José Montelongo, en la actualidad responsable de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, con rango de director general del Gobierno de Canarias, también se enfrenta a una petición de cuatro años y medio de prisión, por pagos cuando era concejal de Hacienda. A los exconcejales Víctor Sanginés e Isabel Martinón se le pide otros tres años de cárcel.