La Junta directiva de la patronal hotelera Asolan decidió el mes pasado no solicitar la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba, a instancias de los empresarios, la subida del agua que se llevó a cabo por parte de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) en el año 2008.

Los empresarios señalan en una carta que han tomado esta decisión tras consultar a sus servicios jurídicos, porque entienden que no ostentan “la legitimidad necesaria para ello, así como por razones estrictamente jurídico-procesales”.

No obstante, dicen que la sentencia supone “un reconocimiento a la labor de defensa de los intereses de los empresarios turísticos en Lanzarote que realiza Asolan y un triunfo de la legalidad que pone de manifiesto al Gobierno de Canarias y al Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote que el sector turístico en Lanzarote es suficientemente maduro y profesional como para exigir que el ejercicio de la potestad administrativa en Lanzarote esté a la altura de sus administrados y que debe realizar su gestión administrativa con sujeción absoluta al ordenamiento jurídico y con el nivel de eficiencia que se le exige”.

La subida de las tarifas del agua fue aprobada por el Consorcio del Agua en el año 2008, bajo la presidencia de Manuela Armas. Entró en vigor al año siguiente y estuvo vigente hasta junio de 2011. En ese periodo Inalsa recaudó, gracias a esa subida, unos nueve millones de euros de más. La mayor subida la soportó el agua industrial, la que pagan los establecimientos turísticos, con algo más de cuatro millones. Asolan decidió recurrir la subida y tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Tribunal Supremo les dieron la razón.

En el último pleno del Cabildo se aprobó una moción presentada por Alternativa Ciudadana que apoyaron el PP, el PIL y los dos consejeros díscolos de CC, por la que se pide que se inste al Consorcio del Agua que devuelva ese dinero cobrado indebidamente.

Se cobraron unos nueve millones de más a los abonados entre 2008 y 2011

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, aseguró, sin embargo, que el acuerdo es nulo y que no se tendrá que reintegrar ningún dinero porque “no hubo enriquecimiento ilícito” por parte de Inalsa ya que se seguía vendiendo el agua por debajo del precio de coste, y que en la sentencia no se dice que haya que devolver el dinero. Según los cálculos de Alternativa, se tienen que devolver unos 146 euros por cada abonado.