Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han manifestado esta mañana en el hall del Ayuntamiento de Arrecife para solicitar que se tomen medidas para evitar el pago de la plusvalía de la vivienda que deben pagar los ciudadanos que pierden su casa por una ejecución hipotecaria.

La PAH se concentró pasadas las 10.30 horas coreando cánticos como “Toma mi sangre, no tengo más dinero”, “Los bancos te matan y el Ayuntamiento te remata” o “Manos arriba, esto es un impuesto”.

Después les recibía el teniente alcalde José Montelongo y una técnico del departamento de Recaudación que se comprometieron a buscar una fórmula para que estos ciudadanos no tengan que pagar la plusvalía.

Las personas desahuciadas de su vivienda tienen que pagar la plusvalía de la casa. La PAH entregó un comunicado al Ayuntamiento en el que señala que “una de las expresiones más duras de la connivencia del Gobierno español con la emergencia habitacional y la pérdida de la vivienda habitual son las consecuencias fiscales de los desahucios y las daciones en pago” porque ambos hechos dan lugar al pago de grandes cantidades en concepto de IRPF y Plusvalía.

El Gobierno, tras la presión ciudadana, ha decidido acabar con esta situación a través de la nueva reforma fiscal pero la PAH pide algún mecanismo de retroactividad “que permita, como mínimo a las personas que han sufrido una dación en pago o un desahucio en el 2014 acogerse a ella, pues no hay que olvidar que la medida llega después de más de medio millón de ejecuciones hipotecarias en todo el Estado”. En el primer trimestre de 2014 ya son 24.226 las ejecuciones hipotecarias, y 18.492 los desahucios.

“Cuando el Gobierno central-señala la PAH- reconoce que el cobro de impuestos a los afectados que consiguen la dación en pago es inapropiado y grava aún más el drama que atraviesan éstas familias , el Ayuntamiento de Arrecife opta por la política cruel de continuar castigando a los ciudadanos más vulnerables de Lanzarote con el cobro de la Plusvalía”.

Destacan que el cobro se basa en una revalorización anual automática del terreno que “debido a la larga crisis económica se ha convertido en una revalorización ficticia, pese a lo cual se aplica el gravamen con toda crudeza”. La PAH considera que es inconstitucional “ese incremento ficticio del valor del suelo pues la Constitución impide que se graven capacidades económicas ficticias a los ciudadanos”.

En abril de 2013 la PAH pidió al Ayuntamiento que aprobara medidas para evitar los desahucios y que eximiera del pago de impuestos municipales a los afectados que pierden su vivienda, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna medida.

La PAH propone que se aplique la medida que ha aplicado el Ayuntamiento de Barcelona, que consiste en aplazar el pago a quien acredite que ha sido desahuciado y que se le derive a un programa de ayudas sociales que abone el importe que les correspondería según su vivienda. “Se simplifica así al máximo el procedimiento, de forma que con un solo trámite quede resuelto el tema”, señala la PAH.