La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha ocupado este viernes en Arrecife una vivienda de La Caixa en el barrio de Argana para Carmen Martín del Río, “víctima de violencia de género”, y sus tres hijos menores de edad, uno de ellos con una “enfermedad crónica”, que tenían orden de desahucio de su vivienda para esta misma semana.

Carmen Martín está en paro y tiene unos ingresos de apenas 426 euros al mes, “que no le llegan ni para pagar un alquiler”, indicó una portavoz de la PAH. La mujer afirmó que había pasado por “un infierno” y que desde el pasado mes de diciembre se dirigió a los servicios sociales del Ayuntamiento de Arrecife.

Ni en el Consistorio capitalino ni en el Cabildo de Lanzarote, instituciones donde tiene abiertos expediente por su situación de “riesgo”, le han ayudado “nunca”, asegura Carmen, quien pidió ayuda de manera urgente hace un mes al tener orden de desalojo de la vivienda en la que residía con sus hijos.

Desde la PAH han criticado la desconexión los departamentos de servicios sociales de las instituciones con “la realidad que todo el mundo ve”. A Carmen le pidieron un “precontrato” de alquiler para tramitarle una ayuda. “Tras visitar 22 pisos estaba claro que nadie le iba a firmar un contrato de alquiler a una persona que no tiene medios para pagar, y a la que el Ayuntamiento le está diciendo, en un acto de heroica generosidad, que le pagará un mes, pero no de inmediato, sino cuando llegue la ayuda”, denunció una portavoz de la PAH.

Carmen aseguró que una trabajadora de Servicios Sociales le dijo que “entregara” a sus hijos, de 16, 14 y siete años al Gobierno de Canarias para que los atendiese. “La trabajadora social me dijo que me metiera de okupa”, añadió.

Carmen asegura que en Servicios Sociales le dijeron que “entregara” a sus hijos y que se “metiera de okupa”

La PAH destacó este viernes que de la vivienda que ha sido “recuperada” este viernes, en la calle Martínez Montañés de Arrecife, “La Caixa ya echó a otra familia y desde entonces ha estado vacía”. Una portavoz de la plataforma aseguró que “a partir de ahora comenzarán las negociaciones con la entidad para alcanzar un acuerdo que concluirá con un contrato de alquiler social que se ajuste a los ingresos de la afectada”.

“Carmen tiene derecho a vivienda no por caridad, sino porque la ley lo dice. Es su derecho y lo va a ejercer. Y cualquiera que quiera privarle de ese derecho tendrá a la PAH enfrente”, destacó la portavoz del colectivo, quien aseguró “ni Carmen ni sus hijos van a pasar una noche en la calle y por supuesto nadie va a separarlos”.

Advertencia legal

En la puerta de la vivienda que ha sido ocupada este viernes se ha colocado una “advertencia legal” sobre la “inviolabilidad del domicilio por parte de particulares o cuerpos policiales”. En la misma se señala que las fuerzas de seguridad sólo pueden acceder a la vivienda por la comisión de un “delito flagrante, por orden judicial o por consentimiento de sus habitantes”.

“Este es al menos provisionalmente nuestro domicilio y no tenemos intención de marchar de aquí”, afirma el escrito, que prosigue: “Invitamos a cualquier persona física o jurídica que cuestione nuestro derecho a permanecer en esta casa a la vía judicial para que sean los tribunales quienes resuelvan lo que estimen oportuno”.

“Hasta que el Juzgado disponga lo contrario o encontremos otro alojamiento alternativo, nos quedaremos aquí, y por tanto la entrada a este nuestro domicilio sería denunciada ya que se incurriría en un presunto delito de allanamiento de morada castigado con pena de prisión de seis meses a dos años, en caso de ser cometido por particulares, o de violación de domicilio con penas de inhabilitación de dos a seis años en caso de ser cometido por autoridad o funcionario público”, concluye la advertencia.

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