La Mesa Ciudadana del Agua ha recordado en un comunicado al Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, compuesto por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla, que “el abastecimiento de agua es un derecho y eso implica que su acceso debería estar garantizado”.

Realizan estas declaraciones tras los cortes continuos en el suministro de agua, y lo que consideran “poca o nula” depuración que se realiza del agua de saneamiento, que recuerdan: “Pagamos los abonados”.

También reprochan “la poca capacidad” para producir agua regenerada para la agricultura, los constantes vertidos incontrolados de aguas residuales en el litoral; la “baja capacidad” de almacenamiento; o que las pérdidas superan el 55%, “sin olvidar que cuando llueve nos inundamos por el mal funcionamiento de las agua pluviales”.

A su entender, la gestión del ciclo integral del agua en la Isla es “un auténtico desastre y lo peor de todo, es que a corto plazo no vemos ninguna solución por parte de las instituciones y la élite política”. “Llevamos más de un año con muchos anuncios y ruedas de prensa pero sin soluciones concretas”, remarcan en el comunicado.

Exigen soluciones “inmediatas y planificaciones creíbles” ante los problemas del agua en la Isla y que los responsables de la gestión del ciclo del agua cumplan con sus “responsabilidades, compromisos y obligaciones” para con la ciudadanía de Lanzarote.

Proponen, además, al Consorcio de Agua que se modifiquen los estatutos de la entidad y dé cabida en sus órganos de decisión a la sociedad civil por medio de sus organizaciones. “Creemos que el agua es un tema muy importante y serio para que sólo esté en manos de políticos incapaces”, añaden en el escrito.

La Mesa Ciudadana del Agua recuerda además que en el año 2013 fue PSOE y CC, apoyados por otros partidos políticos, “los que privatizaron la gestión del agua pública con el argumento de que la gestión privada garantizaba por sí misma una gestión eficiente y para evitar el embargo de las cuentas y bienes de los políticos que gestionaban de Inalsa y que sometieron a la empresa pública de agua a un saqueo vergonzoso, dejando una deuda cercana a los 50 millones de euros”.

El pasado 30 de agosto, cuatro días después de la reunión de la comisión de seguimiento del contrato a Canal Gestión, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, daba a conocer a la opinión pública la existencia de un informe de fiscalización sobre los incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria del ciclo integral del agua y en relación a las obligaciones esenciales previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por tanto, consideradas infracciones muy graves.

Unos hechos que podrían desembocar en la incoación del expediente de resolución del contrato con Canal Gestión y que se tomarían las decisiones necesarias y adecuadas.

La Mesa del Agua dice haberse visto sorprendida “ante este giro inesperado del Cabildo, haciendo mención a la resolución del contrato” porque considera que siempre “ha existido una clara complicidad donde se le permitía a Canal Gestión hacer o, mejor dicho, no hacer”.

Tachan de “trileros del agua” a los responsables de la gestión del agua y explican que “un trilero es quien domina hábilmente el juego del trile, consistente en desviar la atención del lugar central en el que se encuentra la bolita para que, de esta forma, con mágica destreza los ciudadanos de lanzarote nos quedemos perdidos fijándonos en cualquier sitio menos en el que realmente importa: el problema del agua en la Isla que sigue agravándose”.