La jefa de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, que representa a dos técnicos y un exdirector general de la Consejería de Política Territorial, ha defendido este martes, en la sesión inaugural del juicio del caso Stratvs, que el paisaje protegido de La Geria no es espacio natural desde 1990. Quintana estaba acompañada en el estrado de la viceconsejera de servicios jurídicos del Gobierno de Canarias.

Entre los 10 acusados del caso Stratvs se encuentran los técnicos Armando Villavicencio y Faustino García Márquez, además del exdirector general de Urbanismo, Juan César Muñoz Sosa, que estaban en la Consejería de Política Territorial cuando la bodega obtuvo licencia del Gobierno de Canarias en 1999.

Para su defensa, los servicios jurídicos del Gobierno sostienen ahora que, si bien La Geria fue catalogada en la Ley de 1987 de declaración de Espacios Naturales de Canarias, con posterioridad no se elaboró un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), por lo que habría perdido esa condición y que el Plan Insular de 1991 no subsanó la falta del PORN porque no hacía un análisis pormenorizado de la zona.

Tanto la Fiscalía como la acusación popular se han opuesto a esa cuestión señalando que la Ley 92/1994 sigue otorgando una especial protección al suelo de La Geria y que por tanto “permanece incólume la protección”.

La letrada de TU, Irma Ferrer, argumentó que la sentencia sobre el Plan Especial de La Geria no recogía los argumentos del Gobierno de Canarias y que es una zona protegida por la Unión Europea al incluirla en la Red de espacios naturales Natura 2000 y al declararla como Zona de Especial Protección de Aves y “prevalece el derecho comunitario” y tiene una protección más rigurosa.

En su intervención en la fase inicial del juicio, relacionada con las cuestiones previas, la representante de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que actúa como letrada de Villavicencio, García Márquez y Muñoz, al que la Fiscalía no acusa, ha pedido al tribunal que no permita que el exdirector general de Urbanismo sea acusado por Transparencia Urbanística (TU), que ejerce la acusación popular.

Los servicios jurídicos del Gobierno, al igual que la defensa de Pablo Carrasco, solicitaron la falta de legitimación de TU para acusar ya que en el primer caso no le acusa la Fiscalía y se retiró la acusación particular, y en el segundo caso, TU suma un delito más  para Carrasco. La Sala considera que puede ejercer la acusación popular en todos los casos.

La Fiscalía considera al constructor de la bodega responsable, entre otros, de un “delito contra la ordenación del territorio con afectación grave a un espacio natural protegido, de un delito contra el patrimonio histórico y de un delito contra el medio ambiente por excavación ilegal en un espacio protegido”.

La mayoría de las defensas de los acusados en el caso de la bodega Stratvs, cuyo juicio ha empezado este martes en Arrecife, han solicitado la libre absolución de sus defendidos, alegando la prescripción de los hechos que dieron pie a la denuncia y por trascurrir más de cinco años desde la misma hasta el inicio de acciones contra sus representados.

En el caso del arquitecto, Miguel Ángel Armas, la defensa argumenta que su participación en los hechos termina en enero de 2006. Según el abogado de Rosa, José Antonio Choclán, si decae la declaración de La Geria como espacio natural, la prescripción sería de cinco años y no de diez. En cualquier caso, el presidente del tribunal, Emilio Moya, señaló que la Sala decidirá sobre las prescripciones en la sentenbcia .

Choclán también argumentó que hay una indeterminación por parte de la Fiscalía en datar los hechos relacionados con el posible delito medioambiental y que las obras terminaron en el año 2008, mientras que las acusaciones sostienen que se siguieron haciendo obras en 2011 y 2012. Por otra parte, el Tribunal aceptó la declaración de otros tres peritos más, Carlos Soler, solicitado por TU sobre las aguas subterráneas de Timanfaya y dos más pedidos por la defensa de Juan Francisco Rosa.

La Fiscalía solicitó la elevación de la pena a cuatro años de cárcel a Blas Noda, encargado del catastro en Yaiza en el momento de los hechos, por considerar que no le había acusado como funcionario público. La defensa argumenta que su puesto de trabajo es el de controlador del paisaje protegido de Los Ajaches y que solo llevaba un año como encargado del catastro. La Fiscalía señaló que se le puede aplicar el tipo de delito para funcionarios al ser personal laboral indefinido.

Finalmente, TU renunció a acusar al ex secretario de Yaiza, Vicente Bartolomé, que ya fue condenado en el primer juicio de la bodega y que no había sido traído a este juicio a pesar de que TU sí lo acusaba. El juicio continúa este martes con la declaración de los acusados.

El juicio, en imágenes