La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Arrecife, Aitziber Oleaga, no sólo ha absuelto al dueño de ‘Lanzarote a caballo’, Vicente Hidalgo, de un delito de desobediencia por ofrecer paseos a camello en el municipio de Yaiza, sino que carga contra el Ayuntamiento y acusa a la alcaldesa, Gladys Acuña, de tener “intereses económicos” en impedir la actividad.

La jueza ha absuelto a Hidalgo de un delito de desobediencia por el que la Fiscalía pedía nueve meses de prisión. Se le acusaba de haber desobedecido un precinto del Ayuntamiento sureño, que ha tratado de impedir el desarrollo de la actividad en la última década bajo la excusa de que sólo se pueden desarrollar paseos a camello en el parque nacional de Timanfaya bajo autorización municipal.

En una durísima sentencia, la jueza deja sin culpa al acusado y arremete contra el Ayuntamiento de Yaiza, y contra la actual alcaldesa, de quien dice que “resulta evidente” que tenía “intereses económicos latentes” en frenar la actividad de ‘Lanzarote a caballo’ al dedicarse “curiosamente” al menos “un hermano y un tío” de Acuña a los paseos en camello por Timanfaya.

La jueza señala a Acuña como autora de una "campaña" contra 'Lanzarote a caballo'

La jueza subraya que ya desde 2003, cuando Acuña estaba en la oposición y era portavoz del PIL, llevó a cabo una “campaña” para que la empresa de Hidalgo “cesara en su actividad” de paseos a camello “para no perjudicar” a los camelleros de Timanfaya. También destaca que el Ayuntamiento percibe ingresos por los paseos en el parque nacional y tiene interés en que se mantenga un monopolio de la actividad.

Hidalgo se ha enfrentado desde 2003 a decretos de cese de actividad y precintos por parte del Ayuntamiento sureño, que le acusaba precisamente de haberse saltado estas órdenes. La jueza considera que el empresario obtuvo por parte del Cabildo, “ante la inactividad municipal”, la licencia de apertura y puesta en funcionamiento del centro de práctica de equitación con caballos y camello.

En su sentencia, la jueza considera que las órdenes del Ayuntamiento contra ‘Lanzarote a caballo’ no eran “legítimas” y que el Consistorio no atendió las solicitudes de Hidalgo para legalizar la actividad. De hecho, acusa al Ayuntamiento de Yaiza de no aplicarle una normativa que favorecía al empresario en 2010 y de faltar a la verdad en un decreto de cese de actividad al señalar que no tenía permiso del Cabildo.

“Familiares directos” de la alcaldesa

El Ayuntamiento llegó a denegar la autorización al empresario “aplicando de forma incorrecta” una “regulación legal que no era aplicable al caso”, dando a entender que había solicitado licencia urbanística cuando, resalta la jueza, no había pedido “construir nada”.

La sentencia asegura que el Ayuntamiento negó permisos de forma 'ilegítima'

“No se puede estimar” que esta decisión municipal, señala la jueza, “sea consecuencia de un error de interpretación de las normas aplicables al caso, ya que es evidente que el Ayuntamiento de Yaiza tenía un evidente interés en no conceder esta licencia por nada del mundo”.

Resalta que se acreditó en el juicio que la alcaldesa "tenía familiares directos que eran camelleros" en Timanfaya, "siendo que la asociación de camelleros" que trabajan en el parque nacional "es la que siempre ha puesto resistencia a que se concediera esta licencia a un particular que quería simplemente realizar paseos a caballo y a camello".

“Sólo quería trabajar en lo que le hacía feliz”

La jueza considera que Hidalgo “intentó hacer las cosas bien, de forma legal, solicitando licencias, algunas de la cuales sabía que no tenía que pedirlas porque ya se las habían concedido”.

La jueza sobre el empresario: "Sólo quería trabajar" y ser "feliz"

Resalta que se trata “de un hombre que solo quería trabajar en lo que le gustaba y le hacía feliz (haciendo felices a los turistas que vienen a esta Isla según sus palabras)”, por lo que “no se puede considerar en absoluto” que incurriera en “una actitud rebelde” puesto que las órdenes “a todas luces y de forma patente, no son acordes a la legalidad”.

“Calvario administrativo sin causa”

También destaca la  “ilegitimidad” de las decisiones municipales “que se produce por las relaciones de parentesco con los camelleros de la competencia por parte de la alcaldesa” y para proteger los ingresos económicos que recibe el Ayuntamiento sureño de estos camelleros.

En la sentencia, la jueza resalta que Hidalgo, un "ciudadano honrado" que sufrió un "atropello" por parte del Ayuntamiento, llegó a “emocionarse” en el juicio “al otorgarle la última palabra por este calvario administrativo vivido sin causa razonable”.