Lucía Barrancos, la juez instructora que sucedió a César Romero Pamparacuatro en el caso Unión, felicitó a su antecesor por el trabajo que había llevado a cabo en la causa, entre mayo de 2008 y diciembre de 2010, cuando dejó el caso, ya que no se le renovó la comisión de servicios.

En un correo electrónico fechado el 12 de enero de 2012, incluido en un expediente oficial, la juez, que recién salida de la Escuela Judicial asumió la instrucción de Unión como primer destino, le dice al anterior instructor: “Me encantaría poder contar contigo y con tu opinión en el futuro porque sé que has invertido muchísimo tiempo en esta instrucción y que has hecho todo lo que estaba en tu mano para sacarlo adelante teniendo en cuenta los medios limitados con los que contabas”.

“Aún cuando no tengamos puntos de vista coincidentes en algunos aspectos -termina el correo- reconozco tu gran trabajo y me gustaría poder sacar adelante lo que tú empezaste”.

Sólo dos meses antes, la juez había entregado a la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Inmaculada Montalbán, en una visita que hizo a los Juzgados de Arrecife, un informe en el que relataba lo que consideraba irregularidades en la instrucción, hablaba de caos y desorden y no se responsabilizaba de las actuaciones anteriores.

El Servicio de Inspección del CGPJ ni siquiera abrió expediente por las supuestas irregularidades relatadas. Es más, a lo largo de la instrucción no se ha abierto ningún expediente por la instrucción de Unión y todas las actuaciones realizadas, excepto la entrada y registro a las oficinas del empresario Luis Lleó, que fue anulada, han sido respaldadas por la Audiencia provincial de Las Palmas y apoyadas por la Fiscalía.

A lo largo de la instrucción no se ha abierto ningún expediente por el Poder Judicial

En el caso, cuya instrucción ya se alarga cinco años y sólo se ha fijado la fecha de juicio oral de una de las piezas separadas, se ha denunciado la desaparición de autos y otras pruebas relevantes por parte del primer juez instructor.

El secretario del caso, José Ramón Vera, ha ratificado que algunos de los autos que aparecen en la causa no son los originales, y fuentes de la investigación apuntan que hay indicios de que los archivos informáticos de algunos autos relevantes han podido ser manipulados.