La juez Silvia Muñoz ha culminado la investigación de la pieza del caso Unión relacionada con la presunta trama de comisiones en torno a la recogida de basura en Arrecife y a la construcción del pabellón de Argana. En total, son 17 los investigados contra los que continúa la causa, en fase de procedimiento abreviado, previa al juicio.

Entre los principales acusados se encuentra la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración, uso de información privilegiada, falsedad documental y blanqueo de capitales.

A María Isabel Déniz, la juez le da un plazo de tres días hábiles para que preste una fianza de casi 1,8 millones de euros. Además, ordena que se le traslade el auto dictado este lunes a su marido, José Domingo Abreut, para que comparezca en el procedimiento judicial en calidad de partícipe “a título lucrativo” por el beneficio que pudiera haber obtenido derivado de las presuntas prácticas corruptas de Déniz.

El ex jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, se enfrenta a los cargos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, delito de exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración, además de actividades prohibidas a funciones públicos y falsedad documental. La juez impone a Arrocha una fianza superior al millón de euros.

Del mismo modo, el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, se enfrenta a los cargos de cohecho, prevaricación administrativa, falsedad documental, revelación de información privilegiada y fraude a la administración.

La juez atribuye a Dimas Martín, fundador del PIL, los cargos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración y uso de información privilegiada. También ordena que preste una fianza de 240.000 euros.

Su ‘mano derecha’ durante años en el PIL, Matías Curbelo, está acusado de cohecho, malversación y fraude a la administración, así como prevaricación. Su confesión sobre el cobro de comisiones se destaca en el auto de 47 páginas dictado este lunes por la jueza del caso Unión.

“Adjudicación fraudulenta” a Urbaser

En las diligencias del caso Unión sobre las que la jueza ha declarado concluida la fase de instrucción se investiga la “adjudicación fraudulenta” del contrato de recogida de residuos en Arrecife a la empresa Urbaser, la alteración del concurso público y la adjudicación directa de dos contratos de obra.

El ex gerente de Urbaser en Lanzarote, Jacinto Álvarez, se enfrenta a los cargos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, exacciones ilegales, revelación de información privilegiada y fraude a la administración, así como falsedad documental.

Además, la juez atribuye delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración y prevaricación a varios directivos de Urbaser: Francisco José Martínez Llerandi, director de obras y conservación; Stephan Jean Antoine Balverde, gerente de la compañía; Santiago Alonso Herreros, director de limpieza y jardinería; y Manuel Andrés Martínez, director de servicios urbanos.

Investigación sobre el pabellón de Argana

En esta pieza del caso Unión también se investiga la adjudicación fraudulenta del contrato de la obra del pabellón de Argana, que se adjudicó por unos ocho millones y terminó costando más de 12 millones de euros. La jueza atribuye delitos de cohecho, malversación, fraude a la administración y prevaricación a Enrique Astorga y Enrique José Hernández, dos directivos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa que ejecutó las obras del pabellón y que pagó un viaje a Marrakech a la entonces alcaldesa y su familia.

La juez también considera que debe continuar el procedimiento abreviado contra los socios de las empresas Gamma Instal, Proyectos Gamma 3 e Infraestructuras Cascosa, de la que formaban parte, entre otros, Juan Rafael Arrocha o Julio Romero. La empresa Gamma Instal, vinculada al ex jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, redactó el proyecto del pabellón de Argana que adjudicó el Ayuntamiento. Por la adjudicación del pabellón de Argana aparece como investigado el empresario Francisco Armas.

Sobreseimiento para Miguel Ángel Leal

La juez Silvia Muñoz decreta en su auto el sobreseimiento provisional de la causa, “al no resultar debidamente justificada la perpetración de los hechos imputados”, para Marco Aurelio Hernández Guerra, directivo de Fomento de Construcciones y Contratas, y para Miguel Ángel Leal, que fue uno de los hombres fuertes del PSOE de Lanzarote.