La Jefa de instrucción de expedientes sancionadores de la Agencia de protección del medio urbano y natural (Apmun), que encargó el informe elaborado por una arquitecto técnico sobre la bodega Stratvs, y que concluía que las obras realizadas no tenían nada que ver con lo autorizado, denunció al director de la Apmun, Emiliano Coello, que había recibido presiones sobre ese expediente. El propio Coello lo reconoció esta semana en su declaración ante el Juzgado como testigo dentro del procedimiento penal sobre la bodega.

La instructora, que posteriormente causó baja médica, y que tenía previsto declarar este jueves también como testigo, había decidido mantener ese informe técnico oculto al sistema informático de la Agencia, por las presiones recibidas. La instructora le comunicó al director de la Apmun esas presiones, precisando que partían de técnicos del Servicio de Protección del territorio del Gobierno de Canarias. Coello no le dio importancia a este asunto pero permitió a la instructora que mantuviera oculto el informe.

En octubre, la juez instructora pide a la Agencia que informe sobre la actuación del organismo en relación a las obras de la bodega desde el año 1998 y se decide convocar una comisión jurídica creada en la Apmun para asuntos de relevancia y levantar el carácter secreto del informe.

La Jefa del servicio jurídico de la Apmun, Carlota Pérez, plantea entonces que el informe técnico contiene consideraciones jurídicas y la comisión decide que hay que revisarlo, a pesar de que tenían conocimiento de que se habían producido esas presiones. Pérez, que también declaró esta semana como testigo en el Juzgado, reconoció que es la primera vez que hace una revisión de un informe en 11 años de trabajo en la Agencia.

Así que, en lugar del informe solicitado por la juez se envía al Juzgado un informe jurídico complementario al primer informe, que la juez no había pedido, y que dice que no hay vicios de nulidad ni en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza para la bodega ni en la autorización de la Dirección general de urbanismo del Gobierno. Hay que recordar que hay cinco técnicos del Gobierno de Canarias imputados en este procedimiento por su participación en los permisos para la bodega.

La historia no acaba ahí. Carlota Pérez, durante su declaración judicial, reconoció que consultó ese expediente con la Jefa del servicio jurídico del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, así como la forma de remitir ese informe al Juzgado. Quintana estaba presente en la declaración porque interviene como abogada de dos de los técnicos imputados, Armando Villavicencio y Juan César Muñoz, este último ex Director general de Urbanismo. La Fiscalía pidió entonces que se suspendiera la declaración para que la testigo aportara los correos electrónicos que prueban esos contactos y por si tanto Pérez como Coello pudieran haber cometido algún delito.