La guerra fría entre Canal Gestión y el Consorcio del Agua de Lanzarote está cogiendo temperatura. El servicio no es el adecuado, las soluciones no llegan, la presión por la situación aumenta y los movimientos se multiplican en todos los escenarios y direcciones.

Nadie está cómodo con la situación. Los usuarios, por supuesto, por los cortes en el servicio; Canal Gestión porque se quiere ir (pero no a cualquier precio si no puede garantizar la subida de las tarifas del agua que le permita revertir la situación) y el Consorcio, o más bien el grupo de gobierno del Cabildo de Lanzarote, porque ve que la permanencia de Canal Gestión en estas condiciones no le va a permitir cumplir con la mejora prometida en el ciclo integral del agua.  

En estas circunstancias puede pasar cualquier cosa, pero es poco probable que las cosas sigan como están. Canal Gestión, o Canal de Isabel II, hizo una invitación a varias empresas del sector para sopesar la posibilidad de ceder el contrato que firmó en 2013 por treinta años. Desde ese año acumula unas pérdidas de explotación de más de 70 millones de euros, cuando pretendía empezar a tener beneficio al octavo año, es decir, en 2021. Canal ha agotado prácticamente la póliza de crédito que tiene de su empresa matriz, que era de 154 millones de euros y achaca su mala situación a elementos ajenos a su gestión: la imposibilidad de subir las tarifas, la bajada de facturación por el Covid y la gran subida del precio de la energía por la guerra de Ucrania.

Además, el consejero delegado de Canal de Isabel II ha reiterado ya que la tendencia del grupo es la contraria a la de sus predecesores. Ante la expansión anterior, incluso internacional con escándalos de corrupción aún no resueltos, plantea abandonar todos los negocios que tienen fuera de la Comunidad de Madrid. No hay que olvidar que Canal de Isabel II es una empresa de capital público adscrita a esa comunidad. Pero tampoco hay que olvidar que precisamente, porque es una empresa, no se va a marchar si tiene expectativas de recuperar el dinero perdido o invertido o sin una oferta que le permita recuperarlo.

En julio del año pasado decía que se iba a quedar. La empresa aseguró en una respuesta parlamentaria que “una vez recuperada a sus niveles normales la tasa de ocupación turística de la Isla, con precios de la electricidad ‘normales’ y contando con la aplicación de las sentencias favorables a Canal Gestión Lanzarote, en relación con los incrementos tarifarios, es previsible que se produzca una mejora significativa de la cuenta de resultados de la empresa en los próximos ejercicios”.

Crisis entre Canal y Consorcio por el bloqueo de las tarifas y la persistencia del mal suministro

Lo que pasa es que, solo unos meses después, la Comisión de Precios de Canarias se encargó de dictaminar que, de momento, no se aplican esas subidas de tarifas, que son las mismas desde 2011. El motivo principal tiene que ver con el superávit que tuvo la empresa en el año 2019, pero también menciona el alto volumen de pérdidas de agua en la red.

Ya son dos las ocasiones en que el Gobierno de Canarias ha rechazado la subida: la primera corresponde al periodo entre 2017 y 2019 y la segunda hasta 2024. Canal Gestión ya ha llevado el caso a los tribunales en las dos ocasiones. La segunda aún no se ha resuelto, pero la primera la ganó. Canal calcula en unos 19 millones de euros el coste de la primera sentencia, que corresponde a tres años. El segundo pleito abarca cinco años. 

Negociaciones

De esas negociaciones iniciales, según fuentes del sector, han quedado solo dos ofertas, una de Sacyr y otra de Aqualia (FCC), esta última de 75 millones de euros, una cantidad que a Canal le parece insuficiente teniendo en cuenta que de forma inicial ya invirtió 106 millones de euros. Tanto el precio como la garantía (para quien se quede o quien venga) de que va a poder subir las tarifas, que se deben revisar cada año con la fórmula del IPC más el uno por ciento, son esenciales para cualquier empresa que quiera asumir el ciclo integral del agua. El Consorcio, por su parte, señala que no tiene información oficial de estas negociaciones y de la posible cesión. “Nadie nos ha dicho nada”, señala Domingo Cejas, consejero delegado del Consorcio del Agua de Lanzarote.

Se baraja desde intervenir la compañía a la cesión del servicio o la anulación del contrato

No obstante, y aunque Oswaldo Betancort no ha informado ni de la reunión ni de los temas que se iban a tratar o que se trataron en el encuentro, el presidente tenía en su agenda el traslado a Madrid entre el 6 y el 7 de febrero para reunirse con Canal de Isabel II y también otro viaje, los días 5 y 6 de marzo, para reunirse con la empresa madrileña.

Otro posible camino sería el secuestro o intervención de la concesión por incumplimientos graves. El pasado mes de agosto, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, reveló que había un informe interno que apuntaba a “incumplimientos muy graves de las obligaciones esenciales del contratista” y que eso podría desembocar en la incoación de un expediente de resolución del contrato. El informe es un documento preliminar pero detecta irregularidades en el pago de los cánones e incumplimientos en el Plan de Explotación de los Servicios y en el Plan de Organización y Gestión. Han pasado seis meses y no se sabe nada más, pero todo indica que se está profundizando en ese camino.

La posible intervención en la empresa de aguas tendría como resultado que el Consorcio, o quien designara el Consorcio, se haría con el control de la empresa y que el personal de Canal Gestión recibiría las órdenes directas desde el Consorcio. En definitiva, todo el mundo tiene claro que la última palabra la van a tener los tribunales. La cuestión de fondo, que no es pequeña, es el coste económico de las decisiones que se acaben tomando. 

Mariano González, consejero delegado de Canal de Isabel II, y David González, gerente en Lanzarote.

La tercera

Hay una tercera posibilidad, que se conocía hace unas semanas y que puede recorrer un camino muy breve, si el Juzgado decide no dar curso a la petición de la empresa Eicoh, o muy largo, si se avanza en el incidente de ejecución de esa sentencia.

Se trata de una sentencia no ejecutada que nace de un pleito iniciado por Club Lanzarote después de que Pedro San Ginés decidiera incautar la desaladora de esta empresa en Montaña Roja. La empresa turística impugnó un acuerdo de 2014 del Consorcio del agua por el que inadmitió la solicitud de revisión de oficio del procedimiento negociado con publicidad para la adjudicación del contrato. El caso es que ganó este pleito, pero renunció a la ejecución porque llegó a un acuerdo con San Ginés para seguir explotando la desaladora. Se podría decir que consiguió lo que quería lograr a través de una vía indirecta: poniendo a su contendiente ante la tesitura de una verdadera detonación.

Ha trascendido una oferta de 75 millones de euros por la concesión del agua

Resulta que ahora ha pedido la ejecución la empresa Eicoh, una invitada inesperada de Gran Canaria que es contratista de Canal Gestión en el mantenimiento de las redes de depuración, pero también es socia de Canaragua, que es una de las tres empresas que se presentaron inicialmente al concurso de Inalsa antes de que apareciera el negociado con Canal.

Eicoh podría jugar por sus propios intereses, para mantener ese contrato que podría peligrar si apareciera otro operador, o estar influida por alguna de las empresas con las que guarda relación: su contratante o su socia.

¿Qué dice la sentencia? Que el Consorcio debe revisar ese acuerdo e iniciar un procedimiento que empezaría por dar audiencia al concesionario y pedir un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias. Pero también dice esto: “Es incuestionable que el Consorcio terminó por efectuar una modificación sustancial de las condiciones rectoras del procedimiento de adjudicación del contrato, hasta el punto que el efectivamente celebrado es radicalmente distinto al que fue objeto de la licitación inicial, y ello se desprende con claridad cegadora”. O que hubo “sorprendentes alteraciones” en el pliego de condiciones de forma súbita. O incluso que “muy difícilmente podrá esta polémica actuación del Consorcio superar el obstáculo que supone el dictamen del Consejo Consultivo”.

Consecuencias

¿Qué podría pasar si se llega a ejecutar la sentencia? Que se anularía el contrato y se volvería al concurso inicial, en el que precisamente participó Canaragua, que podría optar a llevarse el ciclo integral del agua sin tener que negociar con Canal Gestión. Pero para la empresa madrileña, aunque sería un camino largo, puede que no fuera del todo penoso.  

“La sentencia puede provocar que se declare la nulidad de los actos preparatorios del contrato” y si el contrato se declara nulo “debería ser liquidado, con los efectos establecidos en el artículo 35.1 del TRLCSP”. Esto es lo que reconoce la propia empresa en la Memoria de sus cuentas anuales. ¿Y qué dice ese artículo? “La restitución de la situación de las partes al estado previo a la adjudicación, de modo que ninguna de ellas sufra un perjuicio ni obtenga un beneficio debido a la adjudicación y a la posterior ejecución del contrato”.

Dicho de otro modo, que habría que pagar a Canal lo que invirtió con el canon inicial, las inversiones hechas y las pérdidas de explotación, más los intereses. Traducción libre: una auténtica pasta.