El Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias ha estimado la solicitud realizada por la Fundación Franz Weber tras no recibir información alguna del Ayuntamiento de Yaiza, a raíz del video viral donde una cría de camello fue tratada "cruelmente" por varios camelleros el pasado verano.

Estos camellos son utilizados para pasear turistas en el Parque Nacional de Timanfaya, un espacio protegido cuya gestión recae en el Gobierno central, a través del OAPN, Organismo Autónomo Parques Nacionales.

"Las imágenes, grabadas por una turista dentro del Parque, generaron una pésima estampa de Lanzarote a causa de un sector minoritario empeñado en seguir explotando a mamíferos como propuesta para el turismo nacional e internacional", declara Birgit Wenning, presidenta de la ONG Ademal, asociación lanzaroteña que lleva años denunciando la "crueldad" implícita en la actividad camellera.

Fue justamente por solicitud de Ademal que FFW señaló ya en 2021 las "importantes carencias" en el bienestar de los dromedarios, a través de un informe veterinario que alertaba sobre sus condiciones de vida, las largas jornadas de transporte a las que son sometidos y las incidencias que se producían.

Además este documento detallaba cargas excesivas de personas, peligrosa presión sobre las articulaciones de los animales durante el tránsito, así como el uso nocivo de bozales de alambre o la ausencia de agua. La conclusión era clara: "Importantes problemas físicos y comportamentales en los dromedarios de Lanzarote, por lo que el bienestar de estos animales debe considerarse como deficiente."

Tras los cientos de miles de reproducciones que acumuló el video, el Ayuntamiento de Yaiza anunció la apertura de un expediente. En octubre del pasado año, varios meses después de haber solicitado datos sobre esta supuesta investigación municipal, los naturalistas acudieron al Diputado del Común, que a su vez remitió el asunto al Comisionado de Transparencia.

Ahora este organismo entiende que Yaiza no ha cumplido con la normativa de transparencia y le da 15 días para que entregue la documentación al representante de la ONG. Además, advierte que de no realizar esta tarea podría incurrir en infracciones de acuerdo con la normativa sectorial.

Durante todo el proceso el consistorio no ha respondido ni una sola vez al Comisionado, evidenciando la posibilidad de que tal expediente o la supuesta investigación ni siquiera exista, concluye el comunicado de los naturalistas.