La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas y la acusación particular del caso Stratvs, que representa a la familia Negrín (propietarios de una parte de los terrenos donde se ubica la bodega), han pedido este miércoles en la Audiencia Provincial de Las Palmas que se levante la medida cautelar de cierre de Stratvs siempre y cuando cumpla las condiciones necesarias para la legalización de sus instalaciones.

La condición principal para su apertura es que cumpla con la legislación en materia de evacuación de aguas, pero para ello Stratvs debería obtener el permiso para instalar una depuradora por parte del Consejo Insular de Aguas.

A su vez, para ello debería obtener la legalización de las instalaciones, ya que lo construido supera con creces lo autorizado, y finalmente inscribir en el Registro de la Propiedad la parte de la finca que pertenece a la familia Negrín. La Fiscalía enumeró ante el tribunal las ilegalidades de la bodega.

Por su parte, la acusación popular representada por Transparencia Urbanística sí ha solicitado que se mantenga el cierre cautelar de la bodega hasta que resuelva el procedimiento penal que se sigue por la construcción y apertura de Stratvs.

En el caso Stratvs hay unos veinte imputados, entre técnicos del Ayuntamiento de Yaiza, del Gobierno de Canarias y los propietarios de la bodega. Este miércoles por la mañana era la vista por el recurso de la propiedad de la bodega contra el cierre cautelar decretado por la juez Silvia Muñoz en diciembre de 2013.

En el auto de cierre la juez subrayaba que lo construido en la zona del barranco del Obispo por el promotor Juan Francisco Rosa “supera de manera exagerada y grosera lo inicialmente autorizado, ante los ojos de las instituciones públicas que pese a su conocimiento omitieron control alguno”.

La bodega lleva cerrada cautelarmente por el Juzgado desde diciembre de 2013

También se destacó que hay “serios indicios de que nada de lo existente está autorizado ni es autorizable en el momento actual, ninguna de las construcciones ejecutadas” y ninguna de las “variopintas” actividades que se desarrollan en las instalaciones “sin ninguna autorización”, que “van desde conciertos hasta desfiles de modelos, bodas” o “talleres”. Señala además que “se conocía sobradamente” que jamás se obtendrían las autorizaciones necesarias.

La jueza también hacía referencia a informes de Salud Pública en los que se afirma “que las instalaciones no cumplen con la normativa en materia de evacuación de aguas residuales” y que “tales vertidos de aguas residuales carecen de cualquier autorización, y lo que es más grave aún, del más mínimo control”.