La Fiscalía solicita más de ocho años de prisión para el acusado de dos delitos continuados de abuso sexual a dos menores de 15 y 17 años en Lanzarote, una de ellas su hija adoptiva. La Audiencia celebra el juicio el próximo martes a las 9.20 horas y el Ministerio Fiscal solicita, además, el pago de 9.000 euros por los daños morales causados.

Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Diario de Lanzarote, el padre adoptivo de una menor de edad, cuando esta contaba con 15 años y se encontraba en su domicilio, “en una fecha no determinada, pero antes del verano de 2018”, aprovechándose “de su condición de progenitor adoptivo”, le realizaba peticiones de carácter sexual. En concreto, “animado por satisfacerse sexualmente, le tocó los pechos por debajo de la camisa de la menor”.

En otra ocasión, recoge el escrito, “en el verano de 2018, el acusado, animado por satisfacer su apetito sexual y aprovechando la relación de familiaridad, le lamió los pechos y le tocó las partes genitales por encima de la ropa”.

Además, el acusado, “aprovechando la relación de amistad que su hija tenía con otra menor de edad cuando contaba con 17 años” y también “con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”, intentó besarla en dos ocasiones, teniendo esta que apartarse para no ser besada.

Según detalla el Ministerio Fiscal, estos hechos constituyen dos delitos continuados de abuso sexuales. Por el primero pide cinco años y seis meses de prisión y la inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como la prohibición de acercarse a la víctima, en este caso a su hija adoptiva, a una distancia inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 10 años.

Por otra parte, por el presunto abuso sexual continuado sobre la amiga de su hija adoptiva, la Fiscalía solicita dos años y nueve meses de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Además, pide la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante 10 años.

Igualmente, una vez cumplida la pena, se deberá imponer la medida de libertad vigilada consistente en la obligación de participar en cursos de educación sexual durante el tiempo de seis años por cada uno de los delitos, así como el abono de las costas, solicita el Ministerio Fiscal.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía plantea una indemnización de 6.000 euros a la representante legal de la primera menor por los daños morales causados y otra de 3.000 euros al representante legal de la segunda menor.