La Fiscalía solicita para la sargento jefe del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno, una pena de cuatro años de prisión por un presunto delito de falsedad en documento oficial e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de tres años.

Este procedimiento se inició a raíz de la denuncia de un compañero del destacamento, M.A.P.O, que denunció a la sargento después de que ésta advirtiera por escrito a sus superiores de que había recibido una información que afirmaba que ese compañero había avisado a una persona que participaba en un asadero de pardelas de Alegranza de que la Guardia Civil iba a llevar a cabo una inspección.

La Guardia Civil investigó el presunto chivatazo y la investigación pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, cuyo titular en aquel momento era el juez Rafael Lis Estévez, que se encuentra en estos momentos cumpliendo una suspensión de seis meses impuesta por el Consejo General del Poder Judicial, por no apartarse de una causa judicial de la que había sido recusado.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife archivó la investigación, y el compañero de Moreno la denunció en el Juzgado. Esa persona que supuestamente había recibido el chivatazo, J.C.G.B., participó dos años después, en septiembre de 2015, en el conocido asadero de pardelas en Alegranza y está acusada, junto a otras diez personas, de un delito contra la flora y la fauna.

El escrito de acusación firmado por la fiscal Ramona Muñoz es del pasado 31 de julio y señala que "a sabiendas de que sus manifestaciones no se correspondían con la realidad, (Moreno) elaboró un oficio con fecha de 20 de noviembre de 2015 dirigido al capitán jefe de la Compañía de Costa Teguise, conteniendo en el mismo unas afirmaciones mendaces y en las que atribuía la comisión de unas irregularidades en el ejercicio de sus funciones al guardia civil [M.A.P.O.] destinado en el mismo destacamento del Seprona en Lanzarote y, por lo tanto, subordinado de la acusada".

A la sargento Moreno, la propia Guardia Civil le ha abierto en el último año cinco expedientes sancionadores por diversos motivos. Uno de ellos caducó, otro fue archivado, otro no se ha resuelto pero ha tenido que cumplir tres meses de sanción como medida cautelar y en otro caso, el Tribunal Militar le ha dado la razón, anulando la sanción. También fue denunciada en el Juzgado por el veterinario de Arrecife, que acabó retirando la denuncia.

Una iniciativa ciudadana de apoyo a la sargento en change.org ya acumula más de 134.000 firmas de apoyo. Por el caso se han interesado diversas asociaciones ecologistas, como Greenpeace o Ecologistas en Acción y su caso también ha llegado al Senado y a la prensa nacional.

Su abogada considera que "se está desarrollando contra ella, una auténtica persecución, que va más allá de los términos habituales para describir un acoso laboral. La cantidad y reiteración de los expedientes abiertos, cinco hasta el momento en menos de un año, y la falta de garantías para permitirle ejercer su derecho de defensa recuerdan prácticas abusivas más propias de otras épocas preconstitucionales de nuestro país".