La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), que depende de la Consejería de Vivienda del Gobierno regional que dirige la lanzaroteña Inés Rojas, tiene a pesar de la elevada demanda que hay de casas a precios reducidos un total de siete viviendas vacías. Así lo asegura la Consejería de Vivienda en una respuesta parlamentaria a la diputada popular Ástrid Pérez, en la que detalla que Visocan “es propietaria de 32 viviendas en la isla de Lanzarote”.

De este modo, la empresa pública dependiente del departamento de Rojas mantiene vacías casi una cuarta parte de las viviendas de las que dispone en Lanzarote. Señala que “cuatro están reservadas a potenciales arrendatarios” y puntualiza, ante la pregunta de la diputada, que “no ha instado ningún procedimiento judicial de desalojo en Lanzarote”.

Después de más de dos décadas sin construir ninguna vivienda de protección oficial en la Isla, el Ejecutivo regional levantó un edificio con 44 pisos en la calle León y Castillo, cerca de la antigua fábrica conservera de Garavilla, tras una inversión de alrededor de ocho millones de euros: un millón y medio para adquirir el suelo y seis millones y medio para construir el edificio.

El Gobierno anunció que el pasado mes de enero finalizaba el plazo para acceder en régimen de alquiler a alguna de las viviendas. Sin embargo, ya entrado el verano todavía había inmuebles vacíos.

Se da la circunstancia de que los pisos de protección oficial los vende el Gobierno por 68.000 euros los de un dormitorio (40 metros cuadrados) y más de 99.000 euros los de dos habitaciones (70 metros), cuando en el mercado libre se están vendiendo inmuebles con precios más ajustados.