La Audiencia Provincial ha anulado una condena de un año y seis meses de prisión y multa de 3.240 euros por un delito contra la ordenación del territorio cometido en la finca de Las Quemadas, entre 1998 y “de forma ininterrumpida hasta el año 2008”.

En su sentencia, la Audiencia entiende que se “ha podido generar indefensión” al acusado al no permitir la declaración de una ingeniera técnica agrícola del Cabildo que avaló una intervención en la citada finca a finales de la década de los 90 del pasado siglo.

La Audiencia considera que el titular del Juzgado de lo penal número 1 de Arrecife impidió sin “fundamento” que testificase la funcionaria, una prueba que “era del todo pertinente”. La Fiscalía resaltó que el dictamen de la perito no era “relevante” por su antigüedad y porque se refiere “a una porción de terreno distinta” a donde se habrían cometido obras ilegales.

El Juzgado entendió probada la ejecución de obras no autorizadas en la finca de Las Quemadas, que tampoco podrían ser autorizadas en la actualidad. En la condena, ahora anulada, se imponía la obligación de “reponer la finca” al “estado anterior en el que se encontraba”, debiendo para ello presentar un plan de restauración en la Consejería regional de Medio Ambiente.

La Audiencia Provincial obliga a desarrollar un nuevo juicio, que tendrá que ser celebrado por un juez distinto al que dictó la sentencia anulada, incorporando el testimonio de la perito agrícola del Cabildo.

En cambio, no acepta la declaración de un testigo al no considerar trascendental “si la finca se dedicó o no en el pasado al cultivo de viñedos o si eran necesarias las obras de reforma” sino “si realmente las ejecutadas estaban autorizadas o eran autorizables”.

Nota de la redacción:

La finca no está vinculada a Miguel Martín, ex alcalde de San Bartolomé, como se apuntó por error.