La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso interpuesto por el promotor Luis Lleó, acusado del intento de soborno al socialista Carlos Espino para desbloquear la urbanización de Costa Roja, en Playa Blanca, recurrida en la Justicia por el Cabildo de Lanzarote, y ha declarado nulos los autos de entrada y registro en su domicilio y oficinas en la primera fase del Caso Unión, en mayo de 2009.

La decisión de la Audiencia Provincial da la razón al promotor, para el que la Fiscalía ha solicitado seis años de prisión por el intento de soborno a Espino cuando era consejero en el gobierno del Cabildo insular, con un supuesto ofrecimiento de medio millón de euros. En un auto notificado este jueves, la Audiencia destaca “la nulidad de que adolecen los autos de entrada y registro que sustentaron la intromisión en el domicilio y en las oficinas” de Lleó en el estallido del caso Unión.

Considera que esta nulidad “es clamorosa, patente, manifiesta” e “inequívoca” por cuanto en los citados autos, dictados por el juez César Romero Pamparacuatro, “no aparece razonamiento alguno que justifique la entrada en el domicilio que se acordó”.  “Es más, ni siquiera aparece mencionado en los razonamientos jurídicos el nombre del titular cuyo domicilio después se acuerda entrar y registrar”, añade la Audiencia Provincial.

La Audiencia entiende que “se ha vulnerado el derecho a la inviolabilidad del domicilio” consagrado en la Constitución Española. No obstante, destaca que no le corresponde “determinar las consecuencias que tiene para la causa la nulidad de los autos de entrada y registro recurridos, si son o no irrelevantes en el procedimiento” y en el futuro juicio mediante tribunal de jurado. Eso sí, deja claro que no se tendrán en cuenta “las pruebas obtenidas, directa o indirectamente”, en un registro declarado ilegal.

Sin relevancia para la Fiscalía

La Fiscalía, que ha reconocido que los autos no se fundamentaron convenientemente, ha defendido que no influirán en el caso, por cuanto entiende que la comisión del presunto soborno está confirmado por otras vías. Además de la pena de prisión, solicita una multa de un millón de euros para Lleó.

El fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, emitió un comunicado en el que señala que en julio del año pasado, en otra pieza separada, el Ministerio Fiscal ya había solicitado la nulidad de los órdenes de entrada y registro en los inmuebles de Lleó.

Además, añade que en su escrito de acusación en el caso del presunto soborno a Espino “no se tuvo en cuenta ningún material probatorio derivado de esa entrada y registro”. “En consecuencia, la decisión de la Audiencia no afecta ni altera la posición del Ministerio Fiscal en este procedimiento, que está pendiente de la celebración del juicio”, concluye.