La denuncia de Antonio Curbelo, un empresario afín a Juan Francisco Rosa, contra el resto de bodegas de La Geria para intentar equiparar la situación de Stratvs a las demás y que cierren sus puertas no ha hecho que cunda el pánico en el sector.

En esa denuncia se asegura que ninguna vierte sus aguas residuales a una red pública de saneamiento, lo cual es cierto, porque no existe esa red, pero también se afirma que las nueve bodegas denunciadas tampoco cuentan con una estación depuradora propia, lo cual ya es más discutible.

Al menos tres de ellas tienen depuradora de aguas, según reconoce el propio Cabildo en un documento interno elaborado por el departamento de Medio Ambiente: Vega de Yuco, que tendría dos depuradoras, Rubicón y la Florida. Esta última bodega no está denunciada. Es la más nueva, la última en abrir. De hecho, ni siquiera aparece en el Plan Especial de La Geria reconocida como equipamiento estructurante, que es como se refleja a las bodegas en ese Plan.

Por otro lado, dos de las bodegas denunciadas ni siquiera elaboran vino ya en la dirección que se indica en la denuncia. La denuncia hace referencia a dos posibles delitos: uno contra la ordenación del territorio, insinuando, ya que no se presenta ninguna prueba, que todas o muchas bodegas, han hecho obras sin autorización, y otro contra el medio ambiente, por el supuesto vertido de aguas residuales, uno de los motivos de cierre de Stratvs, pero no el único.

Hay que recordar que Stratvs construyó una superficie mucho mayor de la que tenía permiso, que no tenía autorización para abrir un restaurante y que ha edificado sobre unos terrenos que pertenecen a otros propietarios.

Tras la denuncia que se hizo tanto en Fiscalía como en el Consejo Insular de Aguas, el Cabildo de Lanzarote conformó un equipo jurídico de tres personas de distintos departamentos: Secretaría, Contratación y el propio Consejo Insular de Aguas, para que elaboraran un informe sobre la normativa que debían cumplir las bodegas en materia de vertidos.

El equipo jurídico no supo, o no se atrevió, a llegar a ninguna conclusión, en teoría porque hay cinco normativas distintas implicadas en el asunto y algunas de ellas con artículos que parecen contradictorios entre sí: el Plan Insular de Ordenación, el Plan Especial de La Geria, la normativa sobre dominio público hidráulico, etc…

El caso es que se pidió auxilio a la Viceconsejería de Justicia del Gobierno canario para que sean ellos quienes hagan el informe que, según fuentes del Cabildo, concluye en líneas generales y por lo que se ha ido informando desde el Gobierno, que hace falta un tratamiento de depuración previo de las aguas antes de filtrar al terreno, aunque no pondrá el acento en si ese tratamiento es necesario hacerlo con depuradora o con otro sistema. En todo caso lo relevante es si las aguas residuales contaminan el terreno y sobre todo si contaminan otras aguas subterráneas.

En La Geria se han detectado dos fuentes y habrá que ver si alguna de las bodegas alcanza con sus vertidos esas fuentes y, sobre todo,  si los sistemas que dicen tener las bodegas realmente funcionan en la práctica y se están ejecutando de forma rigurosa.

“No somos especuladores ni oportunistas”

Los bodegueros están molestos pero no están preocupados por la denuncia, de la que, por otra parte, no saben nada más que lo que han leído en la prensa. Ramón Melián, de Bodegas La Geria, dice que ellos cumplen con el Plan Hidrológico y con el resto de normas y que tienen licencia de apertura desde el año 2000. La Geria tiene un sistema de tres balsas y fosas sépticas y realiza limpiezas y controles periódicos, y Melián resalta que están tranquilos frente a una posible inspección.

Fermín Otamendi, de El Grifo, la bodega más antigua de Canarias, dice que no están nada preocupados pero sí ilusionados con la próxima cosecha. El Grifo destaca que cumple con toda la normativa, que tiene fosas sépticas y depósitos de control, que los pellejos de la uva se los lleva una empresa especializada y que las aguas de lavado se analizan para ver si hay elementos contaminantes.

Ambos se quejan de la normativa restrictiva que no permite actualizar las instalaciones para adecuarlas a las necesidades reales pero señalan que la han respetado y que tienen todos los permisos en regla.

Otamendi señala que “somos empresarios del vino, no oportunistas ni especuladores” y asegura que desea “lo mejor para todos; nosotros no queremos pegar el pelotazo, es incompatible con nuestra forma de ser porque queremos seguir trabajando en esto más tiempo”. “Lamento los problemas de otras bodegas pero cada cual que pague sus errores y cada cual es dueño de sus actos”, afirma.