La empresa Juan Antonio Rivera-Iveco ha ofrecido este miércoles en la vista que se ha celebrado en el Juzgado número 4 de Arrecife el abono durante 27 meses de un alquiler en otra vivienda a Marcial Sinforiano Lemes y Pilar Machín, el matrimonio de 91 y 87 años que viven en una las casas de Argana que vendió la Iglesia.

La vista se había fijado después de que el Juzgado suspendiera el desahucio previsto para el 23 de mayo porque la Diócesis de Canarias aportó al Juzgado un contrato firmado en 2006 que obligaba a la empresa a que permitiera vivir en esa casa hasta su fallecimiento a este matrimonio.

A pesar de la existencia de ese contrato, Iveco insiste en hacer otro ofrecimiento diferente. El abogado de la empresa he hecho el mismo ofrecimiento que antes del desahucio no había aceptado el matrimonio y ha optado por no validar el documento firmado en junio de 2006 entre la Diócesis de Canarias y la empresa y por solictar otra vista ante al falta de acuerdo.

El matrimonio quiere permanecer en esa vivienda hasta su fallecimiento, tal y como le permite ese documento. Ahora será el Juzgado el que tome una decisión. En el contrato firmado entre Iveco y la Iglesia, de forma paralela a la compraventa del terreno donde había seis casas, se incluyó una cláusula que señala que estos inquilinos podían “seguir usando las viviendas hasta su fallecimiento” o ser realojados en otra vivienda de igual calidad y superficie pero igualmente hasta su fallecimiento.

A pesar de que este contrato se firmó en 2006, ni la empresa ni la Iglesia lo han aportado para que lo conocieran los afectados. A la mayoría de ellos nunca se les hizo una oferta firme de realojo, sino que se les dijo que se tenían que marchar.

La Diócesis de Canarias vendió por unos 360.000 euros los terrenos sobre los que se construyeron las casas, a mediados del siglo pasado, destinadas a familias con escasos recursos económicos.

De las familias que habitaban las seis casas, dos se marcharon y las viviendas ya están derribadas. De las otras cuatro familias, todas recurrieron a la Justicia y dos han ganado y dos han perdido. Uno de los que perdieron, Luis Manuel Torres, fue desahuciado el pasado 23 de mayo.