La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández ha vuelto a escenificar, como ya hiciera en octubre, su rechazo y distanciamiento con la anterior responsable del área social durante ocho años, la nacionalista Inés Rojas, que también fue cuestionada en su momento por los socios de Paulino Rivero durante el cogobierno de la pasada legislatura.

"Ha habido una fiesta que ahora debemos pagar, quizá no sea la mejor frase, pero lo cierto es que cuando hemos llegado había tanta gente a la que se le debía dinero moralmente, aunque no legalmente, que decidimos intentar cumplir con ella antes de acometer actuaciones nuevas", ha afirmado.

Así se refirió Hernández al hecho de que la anterior gestión de Rojas había concluido con que "se debía dinero a personas por la Hipoteca Joven, el alquiler, la vivienda de segunda mano o el desarrollo de las Áreas de Renovación Urbana ", si bien también recordó que el Gobierno del Estado, al paralizar las partidas destinadas a rehabilitación ha contribuido al retraso en la ejecución de los convenios. "Nunca se firmó el convenio de Las Chumberas, por ejemplo".

No es la primera vez que Hernández ha querido hacer borrón y cuenta nueva con su antecesora, ya que hace tres meses anunció la puesta en marcha de un nuevo Plan de Viviendas ajeno al que había elaborado Rojas y en el que se incluía una mayor apuesta por la rehabilitación  y renovación de áreas urbanas degradadas no solo para prestar protección a colectivos en riesgo de exclusión social sino, como ha reiterado en su comparecencia pedida por el diputado Luis Campos (NC),  ayudar a los expulsados del sector de la construcción durante la crisis.

"No es únicamente la vertiente de justicia social para que lo público intervenga en mejorar las necesidades de la gente a la hora de que tenga una vivienda digna sino también para dar oportunidad a los que perdieron su empleo en la construcción a través de la rehabilitación", ha asegurado.

Por ello, ha anunciado que invertirá 10 millones de euros en el propio parque público en los próximos años, a través de fondos de la Unión Europea (UE), y que 1,7 millones se librarán ya en 2016.

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