El Ayuntamiento de Haría ha aprobado la ordenanza reguladora del funcionamiento y servicio de los campamentos municipales, tras su validación en pleno por parte del grupo de gobierno.

La normativa tiene como objetivo regular la gestión y prestación de los servicios de campamentos o escuelas municipales para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

El alcalde de Haría, Alfredo Villalba, señaló que “esta ordenanza supone un paso decisivo para dotar de mayor seguridad jurídica y calidad a un servicio muy demandado por nuestras familias”.

Asimismo, añadió que con esta regulación se garantiza que los campamentos municipales “cumplan con criterios homogéneos de organización, atención y seguridad, reforzando la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos”.

Por su parte, la concejala de Educación, Evelia García, subrayó el “carácter educativo y social” de estos campamentos y afirmó: “son un servicio esencial que no solo ofrece ocio en periodos vacacionales, sino que contribuye al desarrollo integral de los menores, fomentando valores como la convivencia, la igualdad, la autonomía y el respeto por el entorno”.

El servicio está dirigido a menores de entre 0 y 12 años y se desarrolla durante los periodos de vacaciones escolares de Semana Santa, verano y Navidad.

La ordenanza establece que tendrán preferencia en el acceso los menores empadronados en el municipio de Haría y aquellos escolarizados en centros educativos o escuelas infantiles de la localidad.

En materia de seguridad y calidad, la normativa exige que todos los campamentos cuenten con monitores titulados con formación en primeros auxilios y con certificado de delitos sexuales que acredite la ausencia de antecedentes.

La ordenanza incluye requisitos de seguridad, preferencia para empadronados y ayudas para familias vulnerables

El régimen económico aprobado contempla bonificaciones específicas para familias numerosas, monoparentales y personas en situaciones económicas vulnerables.

Tras el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento desestimó las alegaciones presentadas por diversas entidades al considerar que la protección integral de la infancia y la inclusión de menores con diversidad funcional ya se encuentran garantizadas por la legislación estatal y autonómica de rango superior.