El pleno del Ayuntamiento de Haría acordó este miércoles con los votos en contra de la oposición dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para suspender el pleito de la Cueva de los Verdes con la intención de llegar a un acuerdo con el Cabildo.

El acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento incluye solicitar la suspensión del procedimiento judicial, que el TSJC tenía previsto votar y fallar este viernes, y crear una mesa negociadora con el Cabildo para suscribir un convenio que ponga fin al litigio.

El alcalde, Marci Acuña, indicó que la legislación ampara la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial, para lo que se abre un plazo de 60 días. También indicó que la mesa negociadora estará compuesta por dos miembros del grupo de gobierno (CC y Somos), uno de la oposición y un “asesor independiente”.

En el pleno, en el que se vivieron momentos de tensión entre el alcalde y el teniente de alcalde, José Pérez Dorta, con el portavoz socialista, Alfredo Villalba, todos los grupos de la oposición votaron en contra.

Así, PIL y PSOE abogaron por la creación de la mesa negociadora con el Cabildo pero rechazaron la suspensión del procedimiento judicial en el TSJC. La portavoz de la Plataforma del Municipio de Haría también se negó a que se suspendiera la tramitación judicial.

En el Tribunal Superior de Justicia se encuentra el recurso de apelación que interpuso el Cabildo a la sentencia de primera instancia, que dio la razón al Ayuntamiento y le otorgó tanto la posesión de la Cueva de los Verdes como una indemnización consistente en la recaudación de las entradas desde noviembre de 2010 hasta que se dictó la resolución, en febrero de 2015.

“El motivo del litigio ya no existe”

El alcalde, que hizo un recorrido histórico de las relaciones entre el Ayuntamiento y el Cabildo desde que se habilitó la Cueva para ser visitada, a comienzos de la década de los 60 del pasado siglo, insistió en que el “conflicto” se debe resolver “en el ámbito institucional” y no en los tribunales. También criticó la “instrumentalización política” que a su juicio se ha producido y de la que culpó al ex alcalde, José Torres Stinga.

Acuña destacó que el Ayuntamiento ha recibido en el último año 2,4 millones de euros de lo que le corresponde por la venta de entradas y para abonar la “deuda histórica” del canon impagado. “El motivo del litigio” judicial, “el impago del canon atrasado, ya no existe”, reiteró Acuña, quien defendió la creación de una comisión negociadora con el Cabildo “con transparencia y participación” para sellar un acuerdo con la Corporación insular.

Pérez Dorta afirmó que el “conflicto de la Cueva de los Verdes se originó como consecuencia del pleito interno de un partido”, en referencia a Coalición Canaria y aseguró que en el anterior mandato ya defendió desde la oposición la creación de una mesa con el Cabildo para negociar un acuerdo sobre el citado centro turísticos.

El teniente de alcalde también insistió en que “la titularidad” de la Cueva de los Verdes a favor del Ayuntamiento norteño “ya no está en debate”, algo sobre lo que desde la oposición reclamaron que se garantizase “de forma oficial”.

Los concejales de la oposición en Haría.

Advertencias de “presunta prevaricación”

El portavoz del PIL, Iván Rodríguez, preguntó si el Ayuntamiento “también va a renunciar a los 10 millones de la sentencia”, en alusión a la indemnización que según la resolución del Juzgado le correspondería al Consistorio por la explotación de la Cueva de los Verdes por el Cabildo de Lanzarote sin un acuerdo en vigor.

Alfredo Villalba, portavoz del PSOE, cuestionó al alcalde “qué interés defiende”, al haber sido hasta hace unos meses vicepresidente del Cabildo. “¿Por qué se paga la deuda ahora y no se hizo antes?, ¿se paga en función de quién ocupe el puesto de la alcaldía?”, preguntó en el pleno, en el que acusó a Acuña de defender “los intereses de su compañero y amigo Pedro San Ginés”, presidente del Cabildo, de quien dijo que era su “corresponsal” en el Ayuntamiento.

“El PSOE no va a renunciar ni a un duro de lo que le corresponda al Ayuntamiento”, aseguró Villalba, en referencia a la indemnización que establecía el Juzgado en primera instancia. “Cualquier acuerdo que esté por debajo de esa sentencia supone una presunta prevaricación y quienes tomen el acuerdo tendrán que responder patrimonialmente”, advirtió.

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