La alianza del Gobierno de Canarias y de La Palma para defender ante la Comisión Europea el actual reparto de los 200 millones que llegan al Archipiélago cada año para el sector primario a través de los fondos POSEI ha quedado fuera de duda.

Tanto el Ejecutivo regional como el Cabildo palmero han presentado el mismo documento en la consulta pública abierta por Europa para evaluar la efectividad de las ayudas, de las cuales 141 millones van a parar el plátano, a pesar de que tal y como ha denunciado el PIL, el valor de toda la producción no supera los 130 millones.

En teoría, el Cabildo palmero no tenía por qué conocer el documento que iba a presentar el Gobierno de Canarias. De hecho, a punto de vencerse el periodo de la consulta, compareció en el Parlamento el consejero regional de Agricultura, Juan Ramón Hernández, procedente de La Palma, a instancia del diputado lanzaroteño Fabián Martín, y ni siquiera entregó las alegaciones planteadas por el Gobierno.

La Comisión Europea reconoció en su diagnóstico del reparto de las subvenciones que el hecho de “garantizar unos niveles constantes de apoyo” a producciones como el plátano se estaba produciendo “posiblemente en detrimento de las necesidades de otros sectores agrícolas en expansión”.

El Gobierno sale en sus alegaciones, copiadas por La Palma, en defensa del plátano para evitar “una reducción del nivel de apoyo a este sector”, que considera “una contradicción estratégica, cualesquiera que sean los términos en los que se plantee”.

En el caso de Lanzarote, se produjo una movilización para que la Comisión Europea considere un reparto más equitativo de los fondos que beneficie a producciones radicadas en la Isla, como la viticultura, la ganadería o la sal marina, que en la actualidad están marginadas o ni siquiera se tienen en cuenta.

Instituciones como el Cabildo, el Consejo de Reserva de la Biosfera y los ayuntamientos de Teguise, Yaiza y Tías presentaron alegaciones. Al igual que la Cámara de Comercio, la Confederación Empresarial de Lanzarote o Aetur. Partidos políticos como PIL, PSOE y PP registraron alegaciones y ciudadanos a título particular.