La Fiscalía solicita siete años de prisión para el presidente de la Asociación Cannábica Weed Apothecary, con sede en Arrecife, y seis años de prisión para la secretaria de la entidad, que llegó a tener más de 1.500 socios, por un presunto delito contra la salud pública y otro de asociación ilícita.

Al presidente de la citada asociación, C.G., se le pide además el pago de multas que suman más de 40.000 euros, y una cantidad similar se le solicita a la secretaria de la entidad, N.J., que se sentarán en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial el próximo martes.

Los dos acusados asumieron en febrero de 2016 los cargos de presidente y secretaria de la asociación, que había sido creada el año anterior. En los estatutos se destacaba “la impunidad del consumo compartido por personas ya usuarias”, pero sin que exista “riesgo” de “consumo indiscriminado por terceras personas”, para lo que se exige la entrega de cannabis “sin contraprestación económica” y “el consumo inmediato en presencia de quien la hace”.

En abril de 2016, la asociación alquiló un local en la calle La Inés, como domicilio de la entidad. El escrito de acusación señala que los acusados obtenían hachís y marihuana de “diversos proveedores”, pero carecían “de cualquier autorización administrativa para la producción y distribución de la marihuana, no constando que se hubiera solicitado licencia de la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios, organismo facultado para ello”.

“Desde que asumieron sus cargos asociativos se pretendía por los acusados permitir el acceso a sustancias que causan daño a la salud a una pluralidad indiscriminada de personas, en tanto que se podía incorporar como asociado cualquier persona que fuese consumidor de cannabis o hubiese sido diagnosticado de alguna enfermedad para la que el uso terapéutico o paliativo de los cannabinoides haya sido probada científicamente y fuese mayor de edad”, destaca la Fiscalía.

La asociación llegó a contar, entre abril de 2016 y febrero de 2019, con un total de 1.501 socios. “Ninguna de las normas de la asociación contemplaba que entre los asociados en el interior o en el exterior del local se compartiese el consumo de cannabis, así como tampoco contemplaba el modo en que los asociados podían obtener cannabis, ni un límite máximo de retirada”, explica el Ministerio Fiscal.

Por ello, la Fiscalía subraya que los acusados, “con total desprecio por la salud ajena”, utilizaron la asociación “con el propósito de proceder a la venta y distribución” de marihuana y hachís “a cambio de dinero”.

Ventas de cannabis

En el escrito de acusación se detallan una serie de ventas de cannabis, acreditadas entre abril de 2018 y febrero de 2019. El 14 de marzo de 2019 se procedió a la entrada y registro en el local de la asociación, en el número 40 de la calle La Inés, donde además de diversa documentación relativa a los asociados, se hallaron una balanza de precisión de la marca Fuzion Pro, un libro de socios, 2.377 euros de dinero en metálico, y diversa sustancia estupefaciente distribuida en pequeñas dosis y clasificada en diversos recipientes, tarros y bolsas.

En concreto, en el local había unos tres kilos de marihuana (valorados en 15.477 euros), además de unos 150 gramos de hojas de planta de marihuana, así como unos 46 gramos de hachís.

Al presidente de la asociación, la Fiscalía le solicita una pena de tres años de prisión por un delito contra la salud pública y cuatro años de cárcel por el de asociación ilícita, mientras que a la secretaria la pide también tres años por el primer delito y la misma cantidad por el segundo ilícito penal.

Además, el Ministerio Fiscal solicita la disolución de la Asociación Cannábica Weed Apothecary, así como el comiso de la droga y dinero intervenidos en la operación.