El ahorro de nueve millones de euros, la posibilidad de cobrar ese dinero en un corto plazo (cinco años) y el hecho de no tener que disolver Inalsa y pagar con algunos de sus bienes a los acreedores fueron tres de las razones para adjudicarle la gestión integral del agua a la empresa madrileña Canal de Isabel II.

A estos tres hay que sumarles el motivo, no confesado, de que gracias al acuerdo, el concurso de acreedores no llegaba a calificarse como culpable y de esta forma no peligraba el patrimonio de los anteriores administradores de la empresa de aguas, políticos de CC, PSOE y PIL, que en caso de que el juez hubiera decidido que la quiebra de la empresa se produjo por culpa suya hubieran tenido que afrontar la deuda con su patrimonio personal: sus casas y sus nóminas.

Las tres razones se pueden quedar en nada, porque la UTE Edam Janubio (perteneciente a FCC, una de las dos principales acreedoras junto con Unelco), presentó a principios de julio en los Juzgados de Las Palmas unas alegaciones al concurso de acreedores de Inalsa, solicitando que se abriera la sección de calificación del concurso, que no se ha abierto, y que sea declarado culpable.

Los Juzgados aún no han admitido a trámite esta denuncia pero si lo hicieran, y prosperara, significaría que esos nueve millones de ahorro (la quita del 21 por ciento acordada) tendrían que salir o bien de los bienes y derechos de Inalsa (su participación o sus beneficios en Eólicas de Lanzarote) o bien de los bolsillos de los 17 administradores anteriores de Inalsa, y de todo aquel que se considerara como culpable de la situación de la empresa, lo que podría alcanzar incluso a los administradores concursales o a algunos más: “administradores sociales, administradores de hecho o cómplices”, según la denuncia.

La empresa dice en sus alegaciones que llevar a cabo la calificación del concurso (investigar si la quiebra fue por culpa de los administradores o por otras causas) no es potestad del juez sino que es un “imperativo legal” porque la espera para cobrar supera los tres años (el convenio con los acreedores habla de un pago en cuatro años más uno inicial de espera) y por tanto el concurso es especialmente gravoso para la empresa, a la que no le cabe duda de que el concurso debe ser declarado culpable por el retraso de Inalsa en solicitarlo, en la primavera de 2009, cuando según un informe de los administradores concursales, en diciembre de 2008 ya había una situación de insolvencia financiera, e incluso desde 2006 el Fondo de maniobra ya era negativo.

Para reforzar sus argumentos, la UTE dice que el juez ya abrió una pieza de medidas cautelares, embargando las propiedades de los miembros de los dos últimos consejos de administración, y añade que había sólidos argumentos para ello, por lo que reclama que se depuren responsabilidades mercantiles y que se pronuncie la Fiscalía. La denuncia podría afectar a los bienes de los miembros de CC, Inés Rojas, Mario Pérez, José Torres Stinga, Sergio Machín, Aquilino Romero, a los socialistas Manuel Fajardo, Pedro Viera, Manuela Armas, Enrique Pérez Parrilla, Juan Félix Eugenio y Carlos Espino, y a los pilistas José Dimas Martín, Plácida Guerra, Antonio Barambio, Feliciano Díaz e Iván Rodríguez.

Lo que pueden perder los políticos que la gestionaron

Algunos no pueden perder nada porque no tienen propiedades, como el socialista Carlos Espino o José Dimas Martín. El patrimonio de otros ex administradores de Inalsa, políticos en activo o retirados, no llama la atención en exceso. Muchos tienen, por herencia, una gran cantidad de terrenos rústicos, o poseen varias casas.

Destacan dos por encima del resto: Sergio Machín, de CC, y José Juan Cruz, del PSOE. Machín posee tres locales en Arrecife desde los años noventa, una casa en Soo, otra en el municipio de Teguise y varias fincas. En 2007 compró una casa en el Charco de San Ginés de 170 metros y un chalé en San Francisco Javier unos meses después.

Cruz, ex alcalde de Tías, compró en el plan parcial Playa Blanca, anulado por los tribunales, una casa de 93 metros en diciembre de 2007. También compró un apartamento en Puerto del Carmen en 1997, una vivienda de cien metros en 2001 y otra de 125 metros, también en Puerto del Carmen, en 2004. En diez años adquirió cuatro viviendas. Lo que pueden perder los políticos que la gestionaron.