La empresa FCC (a la que pertenecen la UTE Edam Janubio y Aguas Filtradas) ha enviado requerimientos notariales tanto a los miembros de los dos últimos consejos de administración de Inalsa, presididos por Inés Rojas y Manuela Armas, como a los actuales miembros de la asamblea del Consorcio del agua para advertirles que de si no entregaban el certificado por el que la Edam Janubio cobraría los 9,4 millones de euros que le debía Inalsa, por una desaladora que no se terminó, podrían estar cometiendo los delitos de “alzamiento de bienes” y “estafa procesal”.

El Consorcio se niega a certificar esa deuda y la de Aguas Filtradas porque hay litigios pendientes entre la empresa y el Consorcio; y los acreedores consideran que esto supone un incumplimiento del convenio al que se llegó para terminar con el proceso concursal, e interpondrán también una demanda por este incumplimiento.

Aunque ahora el Consorcio alega que no hay un acuerdo sobre la cantidad que se adeuda, el presidente Pedro San Ginés firmó el convenio en el que se recogía de forma detallada la deuda de cada uno de los acreedores, incluida la de FCC que se deriva del laudo de Janubio y del contrato de Aguas Filtradas.

A los actuales administradores se les acusaría de incumplir de forma intencionada no sólo el convenio sino también los acuerdos del consejo de administración de Inalsa y del Consorcio de 23 de mayo, 3 de junio y 11 de julio y de haber cedido los activos de Inalsa (las plantas de producción y los clientes) a Canal de Isabel II sin que se hayan ingresado en el patrimonio de Inalsa los 50 millones de euros fijados como precio para esa transmisión y sin que haya reconocido el crédito a las dos empresas de FCC.

Los actuales miembros del Consorcio que se exponen a acciones legales serían, además de San Ginés, los alcaldes de Tías (que se abstuvo en la votación del convenio), Tinajo, Teguise, las alcaldesas de Yaiza y San Bartolomé, el concejal de Haría Pedro Marcial Niz y la edil de Arrecife, Teresa Lorenzo.

A los anteriores miembros del consejo de Inalsa, sobre los que aún pesa un embargo preventivo sobre sus bienes, no se les advierte con responsabilidades penales sino con que puedan responder de la deuda no pagada con su patrimonio personal. Se trata de miembros de CC, PSOE y PIL, muchos de ellos con cargos públicos en activo.

“Irrevocable, no sujeto a controversias”

En el relato de los hechos que acompaña el requerimiento notarial, FCC destaca que cuando se aprobó el convenio de acreedores se unió al acta de esa Junta el modelo de  certificado individual que se debía entregar a cada uno de los acreedores y que en ese anexo se hace mención expresa a que la cesión de los créditos se realizaba de forma “irrevocable, no sujeto a controversias ni litigios de clase alguna”.

Sin embargo, ahora la defensa legal del Consorcio sostiene que el juez de lo mercantil que lleva el proceso concursal de Inalsa ha indicado que no se debe entregar el certificado d el adeuda hasta que se decida sobre la nulidaD o no del contrato de Janubio y sobre la validez de la prórroga del contrato de Aguas Filtradas. El Consorcio no ha dado a conocer ningún documento que avale esta postura.

El alcalde de Arrecife se desmarca de la estrategia

El alcalde de Arrecife, Manuel Fajardo Feo (CC), se ha desmarcado de la estrategia que sigue el Consorcio del Agua, presidido por su compañero de partido Pedro San Ginés y ha solicitado que se cumpla el convenio firmado con los acreedores y se certifique la deuda a FCC.

El plazo para cumplir con el convenio terminó este jueves sin que se entregase ese certificado. Fajardo Feo considera que los acuerdos están para cumplirlos y se manifiesta preocupado ante las posibles consecuencias del incumplimiento. Señala que se debe pagar y que a la vez se pueden mantener los pleitos.

El informe encargado por el propio Consorcio al experto Pedro Lasso sobre la forma de pago de la deuda de Inalsa, reconoce que gracias al convenio, el Consorcio se ahorraba nueve millones d euros y que de no ser así, el Consorcio y los entes que lo conforman (Cabildo y ayuntamientos) estarían obligados a pagar la totalidad de la deuda, que ascendería a 45 millones y no a 36.

Otras fuentes consultadas señalan que si FCC denuncia el convenio, como pretende hacer, y le dan la razón, no sólo desaparecería la quita de nueve millones, que habría que pagar entre el Cabildo y los ayuntamientos, sino que la deuda sería exigible de forma inmediata y no en un plazo de cinco años, como se acordó con los acreedores, y por lo tanto esa deuda tendría que ser contabilizada en las cuentas tanto del Cabildo como de los ayuntamientos, que son los dueños del Consorcio. Esta situación dejaría en una mala situación económica a todas las instituciones, porque deberían repartirse proporcionalmente esa deuda de 45 millones de euros.