Un nutrido grupo de personas ha acudido a la calle Palacio Valdés de Argana (Arrecife) para solidarizarse con Luis Manuel Torres, un vecino de 56 años que habita una de las viviendas que la Diócesis de Canarias vendió a la empresa Iveco en 2006.

Este viernes a las diez de la mañana está fijado el desahucio del vecino, aunque se están intentando hacer gestiones ante el Juzgado número 3 de Arrecife para que lo paralice, al haberse desvelado un contrato entre la Diócesis e Iveco que no se había aportado a la causa judicial.

En el citado contrato se estipula la obligación de Iveco de negociar “con cada uno de los ocupantes el desalojo” de las viviendas “previo pago de la indemnización que las partes acuerden”, algo que no se ha producido. También recoge que Iveco les daría un “plazo de un año” para “encontrar un nuevo alojamiento”.

Desde las seis y media de la mañana de este viernes, efectivos de la Policía Nacional se encuentran en la calle Palacio Valdés, con una quincena de agentes y varias furgonetas. En torno a ochenta personas han acudido, por el momento, a protestar por el desahucio, con presencia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la calle está cortada.

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