Jorge Castro compró en 2014 el apartamento en el que vive desde entonces. Tuvo que ir dos veces a la Notaría porque en la primera ocasión no estaba del todo claro si tenía o no tenía cargas hipotecarias. La inmobiliaria que hacía de intermediaria para la compra-venta le facilitó una nota registral que no era de la finca que iban a comprar y, además, aparecían dos cargas hipotecarias.

En la segunda ocasión ya parecía más claro: el banco que le iba a dar la hipoteca aseguraba que no había cargas porque la otra entidad bancaria, la del comprador, aportó un certificado que señalaba que estaban canceladas. El notario, en un primer momento, según la declaración de Jorge, dijo que no lo podía asegurar, pero que parecía todo en orden.

Así que todo parecía correcto. Sin embargo, un año más tarde les comunicaron que pesaba, y aún pesa, una ejecución hipotecaria sobre ese apartamento y sobre seis más, de la misma promoción, Virginia Park, en Playa Blanca. Los vendedores habían solicitado una hipoteca para esos siete apartamentos y no habían hecho frente a los pagos y, aparentemente, los habían vendido sabiendo que tenían esas cargas.

“Yo siempre estuve convencido de que estaba libre de cargas”, señala Jorge, que declaró eso mismo hace ya cinco años, en mayo de 2016, en el Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife. Cuando supieron que existía esa ejecución hipotecaria fueron a pedir explicaciones a la Notaría, y tanto Jorge y su familia, como el notario, denunciaron los hechos. Pero el caso no ha avanzado mucho y ni siquiera hay fecha para la vista oral.

Jorge fue el primero en denunciar, pero sigue sin una sentencia que le dé la razón. Sin embargo, este pasado mes de junio, la Audiencia Provincial condenaba a Jesús Barroso, administrador único de la sociedad que le vendió la casa, Jupevacar. Habrá tantos juicios como apartamentos porque los siete compradores denunciaron por separado.

Tanto Barroso como la otra acusada, María Jose Quirantes, administradora de otra sociedad que era propietaria de ese apartamento, llegaron a un acuerdo y aceptaron una condena menor de dos años de cárcel por estafa y falsedad en documento público. Inicialmente no entrarán en prisión, aunque quedan varios juicios y uno de los administradores ya fue condenado por estafa a nueve meses de cárcel.

“El banco no ha ejecutado, pero la deuda está ahí y nos arruinan la vida”, dice

Los dos acusados, ya condenados, abonaran a los compradores, un matrimonio alemán, una tercera parte del dinero que habían pagado por la casa, pero no se sabe qué pasará con el resto. En este juicio se absolvió a la inmobiliaria, cuyos responsables tenían un poder para la compra venta pero que, en teoría, no sabían que las hipotecas estaban canceladas. En otros juicios queda por comprobar tanto el papel de la inmobiliaria, o de sus empleados, como el de la entidad bancaria, Caixabank, que aportó un certificado que es falso, ya que afirmaba que las casas estaban libres de cargas.

Jorge pagó 44.000 euros por el apartamento y se tuvo que gastar otros 25.000 en reformar el inmueble. Sigue viviendo en la casa con su familia porque solicitó que se adoptaran medidas cautelares hasta que se resolviera el pleito y se las concedieron. En su caso, ni siquiera hay aún calificación por parte de la Fiscalía. Dice que los que ya han ganado, a pesar de ganar, si los acusados no devuelven todo el dinero, perderán lo que pagaron y perderán la casa. “Nos pueden quitar el apartamento”, señala.

El certificado del banco es falso y es precisamente la misma entidad bancaria la que se quedaría con las casas al ejecutar la hipoteca que no pagaron los vendedores. También destaca que están considerados como familia numerosa con categoría especial por una discapacidad de uno de los miembros. “

El banco no ha ejecutado, pero la deuda está ahí y nos arruinan la vida”, dice, y espera que, en cualquier caso, los acusados reciban su castigo “para que no vuelva a pasarle a nadie más”.