El denunciante del caso Unión y exsecretario del PSOE de Lanzarote, Carlos Espino, ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que abra expediente de investigación por el asesoramiento de dos ex letrados del Tribunal Constitucional (hoy uno es magistrado del Tribunal Supremo) al empresario Luis Lleó.

Estos dos letrados asesoraron fiscalmente entre los años 2006 y 2008 al empresario Luis Lleó mientras ejercían su cargo en ese tribunal. En un informe elaborado por la UCO y remitido al Juzgado de primera instancia número 5 de Arrecife, dentro del caso Unión, la Guardia Civil considera que podrían haber cometido una incompatibilidad ya que, al ser letrados de ese organismo, no se les permitían actividades industriales, mercantiles, profesionales o de asesoramiento.

La UCO destacaba la posible incompatibilidad de los magistrados ya que “no se puede obviar la posible participación en las presuntas irregularidades cometidas desde el punto de vista fiscal por Residencial Costa Roja” y decía que ese asesoramiento se reflejó a su vez en el asesoramiento jurídico- fiscal que hacían el abogado de Lleó, Manuel Matamoros y su asesor fiscal, Jerónimo Campón, “por lo cual pudieran haber cometido ilícitos penales de naturaleza fiscal al realizar operaciones, tanto contables como instrumentales, que pudieran derivar en defraudación de impuestos a la Hacienda Estatal”.

Los dos letrados ya no pertenecen al Constitucional actualmente. Se trata de Ignacio Sánchez Yllera, que además de magistrado fue jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, entre 2004 y 2005, y hoy es magistrado dela Audiencia provincial de Madrid, y de Ángel Aguallo Avilés, letrado del Constitucional y también de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, cargo que ocupa en la actualidad. Ambos, que enviaban correos a Lleó desde sus cuentas del Constitucional, llegan a cobrar por ese asesoramiento pero evitando que los pagos se reflejaran directamente, cobrando a través de otras personas.

“Deja que muerda el anzuelo”

En el primer caso, Sánchez Yllera, siempre según el informe de la UCO, asesoraba en las actuaciones de todo el grupo de empresas de Lleó y no sólo en cuanto a las consultas tributarias, sino también en otras cuestiones judiciales. Ambos mantienen una relación de amistad. La Guardia Civil cree que los servicios realizados por la abogada María José Vizcaíno a Lléo pueden camuflar la facturación de Yllera, ya que ambos tienen el mismo domicilio en Madrid.

Yllera envía un correo a LLeó en marzo de 2008, unas semanas antes de que se iniciara el intento de soborno a Carlos Espino por parte de Fernando Becerra (como intermediario de LLeó) en el que le dice que “cuantos más amigos tengan a Espino como enemigo mejor parta ti y para el futuro” y le comenta que “deje que muerda el anzuelo. Le pasará como al Gobernador de Nueva York” (que tuvo que dimitir cuando luchaba contra la corrupción).

Asesoramiento fiscal

Por su parte, Aguallo habría asesorado a través de un informe sobre la fiscalidad de Costa Roja que firma Ignacio Pérez Royo, inspector de tributos del Ayuntamiento de Sevilla, pero que la autoría intelectual es de ambos, según la UCO. Las facturas por los pagos realizados se enviaron a la abogada María José García Vizcaíno y a Manuel Matamoros. La Guardia Civil detecta, mediante el resguardo bancario, un pago de 75.000 euros a cada uno (de un total de 127.000 que debían cobrar por el asesoramiento), mientras que ese mismo día que se hacen los pagos se reserva para Sánchez Yllera una oficina en el edificio Marina de Naos que Lleó estaba construyendo en la Vía medular de Arrecife.

El asesoramiento se centraba en intentar que la sociedad Residencial Costa Roja sea considerada como sociedad patrimonial cuando ya había tributado en el Régimen general (que pagaría el 40 por ciento de sus beneficios) para tributar menos. Se decide hacer una ampliación de capital e inmediatamente después disolver la compañía, únicamente por motivos fiscales. De hecho en el informe de asesoramiento se reconoce que si la sociedad no se disuelve habría un sobrecoste de 1,7 millones de euros.

Anulación

Esos informes de la UCO ya no tienen validez jurídica porque la Audiencia provincial de Las Palmas anuló los registros efectuados en mayo de 2009 a las oficinas de Lleó por un defecto de forma, ya que en la orden de registro aparecía el nombre de otra imputada y no el de Lleó. Con la anulación de los registros se anuló la validez de todas las pruebas encontradas y por tanto los informes.

Recientemente, y tras la denuncia del primer juez instructor del caso, César Romero Pamparacuatro, de que algunos autos del procedimiento en que no aparecía su firma no eran los originales y habían sido robados o sustraídos, el secretario del caso Unión, José Ramón Vera, certificó que esos autos anulados no eran los autos originales.