Carlos Espino, ex consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, interpuso la denuncia inicial que dio origen al caso Yate, sobre la concesión de licencias urbanísticas ilegales, cuyo juicio en la Audiencia Provincial ha quedado este martes visto para sentencia. “En un momento determinado se sustituyó la norma jurídica por el urbanismo de maletín, y las consecuencias las ha pagado la isla de Lanzarote”, señala.

Tras la primera jornada de la vista oral del caso Yate, celebrada el lunes, Espino decía que la “valoración” era “enormemente satisfactoria”. El ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, reconoció haber prevaricado en la concesión de licencias, haber cobrado unos 300.000 euros por los permisos urbanísticos y ser culpable de cohecho pasivo por la autorización del puerto deportivo Marina Rubicón. Será condenado a seis años de prisión, como avanzó la magistrada Pilar Parejo, al haberse conformado con la rebaja en la petición de pena formulada por la Fiscalía.

Cuando se interpuso la denuncia, Espino dice que nunca pensó que se pudiera llegar a un juicio como el celebrado entre el lunes y el martes en la Audiencia Provincial. “Tratamos simplemente acreditar que, más allá de incumplimientos de la norma, había una trama de concesión de licencias ilegales y nunca pudimos sospechar, ni llegar a imaginar, lo que ha pasado”, afirma.

En su opinión, “Lanzarote se merecía el relato” que se ha hecho en la Audiencia Provincial, admitido por el ex alcalde y por el secretario del Ayuntamiento de Yaiza, que también ha aceptado una condena de un año de prisión.  “Las famosas teorías de discrepancias entre el Ayuntamiento y el Cabildo” en la época de la concesión ilegal de licencias, “las famosas persecuciones del PSOE, el famoso papelito [que faltaba], eran mentira”, recalca Espino.

El ex consejero de Política Territorial del Cabildo afirma que para que se materialice la “corrupción” hace falta “una pata política”, a la que hay que “señalar” y “machacar”, pero también “una pata técnica”, como “se ha visto en este juicio”, y “un empresario que esté dispuesto a pagar”.

“Cuando presentamos la denuncia”, en el año 2006, “sabíamos que era imposible acreditar los cohechos” por licencias concedidas “entre 1998 y el año 2000, y a lo más que aspirábamos era que se comprobara el comportamiento incorrecto del alcalde”, señala Espino, que destaca que Reyes “haya terminado de reconocer los cohechos”.

“Si no hemos logrado el reproche penal”, al no haber ningún promotor en el banquillo de los acusados, “por lo menos podemos construir el reproche social”, concluye Espino

En su confesión, previa al juicio, el ex alcalde reconoció “expresamente” la “aceptación de dádivas como recompensa” por “actos constitutivos de delito ejecutados” en el “ejercicio” de su cargo, como sostenía la Fiscalía, en relación al puerto deportivo Marina Rubicón. Reyes aceptó el criterio de la Fiscalía de se había beneficiado de servicios no pagados en el puerto deportivo, estimados en 60.000 euros, por la concesión de la licencia. Por este cohecho pasivo se conformó con una pena de seis meses de prisión.

“A día de hoy podemos decir claramente, y desafiamos a que nos respondan en los tribunales, que Juan Francisco Rosa, que Rafael Lasso, que el grupo Martinón, pagaron por obtener la licencia del puerto Marina Rubicón”, afirma Espino. “Eso antes de este juicio no lo podíamos decir”, añade. “Si no hemos logrado el reproche penal”, al no haber ningún promotor en el banquillo de los acusados, “por lo menos podemos construir el reproche social y hacer un relato que esta sociedad merece conocer”, concluye Espino.