La sentencia, notificada esta semana al Ayuntamiento, ha dejado sin protección a los 70 bienes que recoge el catálogo arquitectónico, salvo en aquellos casos en los que las construcciones estén protegidas por otro instrumento legal. Sería el caso de bienes de interés cultural como la Iglesia de San Ginés. Sin embargo, hay numerosos inmuebles sobre los que se podría intervenir o directamente hacer desaparecer.

En la relación de bienes que han quedado desprotegidos se encuentran edificios que han sido considerados por el Ayuntamiento de valor para la arquitectura tradicional de la ciudad cuyos propietarios han mostrado intención de derribarlos y, en los últimos años, han tratado de tramitar declaraciones de ruina o licencias de demolición, como la antigua librería Lasso, en la calle Fajardo, un inmueble de La Plazuela que fue cuartel de la Guardia Civil o el Hotel Oriental, en la calle León y Castillo.

La sentencia del Supremo ratifica otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que no entra en cuestiones de fondo sobre la protección dada a los inmuebles o la capacidad del Ayuntamiento para restringir las intervenciones de los dueños sobre los edificios, sino que considera erróneo el procedimiento seguido para formular y aprobar el catálogo arquitectónico municipal, que entró en vigor en 2008.

Así, el tribunal ha considerado que el catálogo “se tramitó como un instrumento independiente” del Plan General de Ordenación Urbana, algo que no podía hacer el Ayuntamiento, que intentó en balde argumentar que simplemente había llevado a cabo una modificación del planeamiento para “actualizar” y “ampliar” el número de inmuebles incluidos.