El Juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Las Palmas ha admitido la demanda del Banco Santander contra el Ayuntamiento de Arrecife por la anulación de un producto financiero considerado ‘tóxico’ firmado en la etapa en la alcaldía de María Isabel Déniz.

El producto, denominado ‘Swap’, generó un perjuicio económico para las arcas públicas de más de 3,4 millones de euros.

Cuando el pleno municipal lo anuló el pasado mes de mayo, el grupo de gobierno (CC y PSOE) anunció que pleitearía por conseguir el reembolso de esos fondos.

Por ahora, ha sido el Santander el que ha movido ficha y ha denunciado la revisión del contrato por parte del Ayuntamiento, que en julio pasado también acordó destinar 1,2 millones que tenía que abonar por el instrumento financiero este año a subvencionar a entidades deportivas, dotar un plan de empleo social y destinar 600.000 euros a culminar el plan de obras en los barrios.

El Consistorio ha contratado al abogado Ignacio Calatayud por 10.000 euros para representar a la institución en el Juzgado, después de llamar a un número reducido de abogados con un presupuesto de partida de 60.000 euros.